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“El proceso puede durar de seis meses a un año, en el último caso. Si por ahí es rechazado, ellos pueden elegir un tercer país para ir a vivir, pero nunca volver al Paraguay donde su vida y su libertad corren riesgo. Eso lo establece la Convención de 1951 y la ley paraguaya 1938/02, también la ley uruguaya que es una réplica de la ley paraguaya”, explicó.
El profesional también cuestionó la legalidad de cualquier proceso impulsado a los políticos que acompañaron a los procesados Osvaldo Aquino Notario, Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Esteban Martínez, Rubén Galeano Cáceres y Raúl Alberto Cáceres González, tal como anunció la Fiscalía.
“Ellos no contravinieron ningún ordenamiento jurídico, más aún considerando que nuestro claudicante, sumiso Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no garantizan el debido proceso. Con la foto de la muerte de Quintana, de las lesiones recibidas por el diputado Acosta, por la persona que perdió la oreja, el estudiante de veterinaria que perdió el ojo y los centenares de heridos avalan plenamente el temor fundado, porque es algo subjetivo, que la Comisión de Refugiados debe evaluar. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en el país, además ¿quién determinó que ellos fueron los que incendiaron el Congreso? Esto todavía debe investigarse”, expresó Aseretto, para quien están dadas las condiciones para la concesión del refugio a los requirentes.