Condenan a colaboradoras logísticas del EPP

Rumilda Estela Giménez González (29) fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, en tanto que Juana Bernal Maíz (25) recibió cuatro años, al ser halladas culpables ayer en un juicio en Concepción de haber integrado el ala logística del grupo criminal EPP.

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Rumilda, quien deberá permanecer en la cárcel de Concepción hasta el 21 de noviembre de 2016, fue supuestamente novia del actual líder del brazo armado del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Osvaldo Daniel Villalba Ayala (32), alias “Alexander”.

Juana, quien tendrá que seguir encerrada hasta el 16 de setiembre de 2016, por su parte, es hermana del secuestrador abatido Bernardo Bernal Maíz, alias “Coco”, y de los criminales fugitivos Antonio Ramón Bernal Maíz, Feliciano Bernal Maíz y Aníbal Bernal Maíz.

Las mujeres fueron halladas culpables ayer de asociación criminal, por un tribunal de sentencia integrado por los jueces Teresita Fleitas, Richard Alarcón y Óscar Cantero. El juicio se inició el 3 de agosto pasado en Concepción.

En principio, el Ministerio Público, representado por los fiscales Sandra Quiñónez y Federico Delfino, solicitó una pena de 15 años para cada una, al atribuirles una supuesta colaboración con el grupo que mantuvo secuestrado por 43 días al exintendente de Tacuatí Luis Lindstron, entre julio y setiembre de 2008.

Sin embargo, los magistrados entendieron que las mujeres, efectivamente, colaboraron con el ala logística de la banda armada, pero no pudieron constatar la complicidad en el plagio.

Rumilda y Juana habían formado parte del grupo de 14 procesados por el secuestro de Lindstron que fueron liberados por el entonces juez Gustavo Bonzi, cuyo fallo después fue revocado y ambas recapturadas.

Águedo Ramón Giménez y Alcides Ramón Giménez González, padre y hermano de Rumilda, respectivamente, también ya habían sido sentenciados a dos años de prisión por la misma causa, pero ya salieron libres tras un procedimiento abreviado.

El abogado de Rumilda Giménez, Florencio Díaz, dijo que la condena de su defendida obedece a una cuestión política.

“El tribunal ha dictado un fallo injusto, para los jueces quedó comprobado que la fiscalía no pudo probar la participación en el secuestro”, dijo.

Vamos a recurrir en casación porque la ley penal nos otorga el derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia”, concluyó.

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