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Los jueces Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina alegaron que tienen “recargo de trabajo” y por esa razón escucharon solo a las tres defensas de los acusados el senador Víctor Bogado (ANR, cartista), la “niñera de oro” Gabriela Quintana y el exjefe de Gabinete de la Cámara de Diputados Miguel Pérez. Luego se llamó a un cuarto intermedio hasta el martes 23 de abril, a las 14:00, cuando se oirá al Ministerio Público que tiene que responder a los incidentes. El juicio debió proseguir hoy, pero para evitar venir en Semana Santa se pasó la reanudación recién para el próximo martes.
El primero en tomar el uso de la palabra fue el abogado “ad honorem” Andrés Casati, quien defiende a Gabriela Quintana. Solicitó primeramente el sobreseimiento definitivo de su clienta, alegando que la causa prescribió.
Casati señaló que el cobro indebido de honorarios tiene una pena máxima de dos años de cárcel y el presente proceso tiene cinco años y ocho meses, por lo que se sobrepasó el doble de la pena que exige el Código, para solicitar la prescripción de un proceso.
También quiere que se excluya la denuncia realizada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, ya que es una copia simple y no puede ser tomada como prueba.
Además pide que no se tomen como pruebas las publicaciones periodísticas, ya que en realidad no lo son, que solo son interpretaciones del periodista que –a su criterio– manipula la realidad. Agrega también que no se tenga en cuenta el informe de Informconf sobre Gabriela Quintana ya que los datos que ahí figuran no se relacionan con los hechos punibles que se investigan en la presente causa.
El penúltimo incidente se relaciona a que la defensa de la “niñera de oro” no quiere que la diputada liberal Celeste Amarilla Vda. de Boccia declare en carácter de testigo para suplir a su marido fallecido el Ing. Franklin Boccia, y finalmente solicitó que las fotografías en las que se ve a Gabriela compartiendo viajes y cumpleaños con la familia del senador Víctor Bogado tampoco sean tomadas como pruebas.
Defensas coordinadas
A su turno, la defensa de Miguel Pérez se adhirió a lo solicitado por Casati. Por su parte, el abogado Óscar Latorre, quien defiende al senador Bogado, se allanó al pedido de su colega, pero agregó un punto, solicitando que la declaración que prestó Boccia en el 2014 ante los fiscales del caso de la “niñera de oro”, no sea tomada como válida, ya que no fue hecha como anticipo jurisdiccional de prueba, por lo que no puede introducirse como prueba en juicio oral.
También Latorre planteó una excepción contra el artículo 2 de la Ley 700/96, que reglamenta el artículo 105 de la Carta Magna, que prohíbe la doble remuneración. Con este incidente busca demostrar que los funcionarios de Itaipú no son funcionarios públicos, por lo tanto no existe el cobro indebido de honorarios.
Luego de esto el tribunal llamó al cuarto intermedio y el fiscal René Fernández adelantó que van a solicitar el rechazo de todos los incidentes. Sobre el pedido de prescripción, el agente señaló que la defensa de la “niñera” hizo un cálculo erróneo.
“Se equivocaron en los plazos de prescripción. Cobro indebido de honorarios ellos dicen que son dos años y en realidad son tres años”, explicó el fiscal.
Este proceso se inició en el 2013 cuando la fiscalía pudo comprobar que el entonces diputado Víctor Bogado logró ubicar a Gabriela Quintana en Itaipú, cuando ya era funcionaria de la Cámara Baja y se materializó el doble cobro. Por ese hecho fueron imputados y hoy acusados el senador Bogado y Miguel Pérez por cobro indebido de honorarios y estafa en calidad de autor. Mientras que Gabriela Quintana por cobro indebido de honorarios.
Una llamativa decisión
Los miembros del tribunal de sentencia integrado por Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina, llamaron a un cuarto intermedio de una semana supuestamente por recargo de trabajo, eso llamó la atención y al parecer fue al solo efecto de no proseguir con las diligencias en medio de la Semana Santa y por eso se marcó retomar el juzgamiento a vuelta del largo feriado.