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“Con aplausos incluso fue recibido este proyecto de resolución que solicitamos hoy (por ayer) en el plenario del Parlasur. Varios colegas de los países socios vinieron a dar su apoyo”, dijo Canese.
Resaltó que la presentación realizada para iniciar un debate amplio sobre la legalización de drogas fue girada a las comisiones asesoras de Legislación, Derechos Humanos y Narcotráfico para que dictaminen al respecto. “Existe el compromiso de darle un trato acelerado en las comisiones. En la próxima sesión ya tendríamos los dictámenes”, dijo el legislador del Frente Guasu al explicar que no hay aún fecha para convocatoria.
“Además de entregar el proyecto, realicé una exposición verbal donde comenté que en Paraguay la mafia del narcotráfico ya ordenó el asesinato de 17 periodistas en los últimos años, el último fue del de Pablo Medina, además de cientos de otras personas que no son comunicadoras. Mencioné además sobre el asesinato de los 43 estudiantes en México, como también el caso que se dio en Uruguay con la legalización regulada de la marihuana. Este fue un paso valioso, pero sin entrar a discutir las limitaciones, esto no tendrá mucha efectividad si no se concreta una política regional al respecto. Es por eso que se necesita además un debate regional”, explicó.
Agregó que informó también a sus colegas que grupos delictivos de Brasil como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho ya están instalados en Paraguay. “Este es un ejemplo nada más de cómo nos afecta a nivel regional la mafia de la droga”, comentó.
Reiteró que la intención es que luego del debate se asuma una política regional de lucha contra las drogas remarcando que “la decisión del Mercosur no es vinculante, pero es fundamental, es decir, si el Mercosur en materia de drogas dice hay que despenalizar, tendrá que remitir al Congreso de cada país” y ahí analizar si se adoptan legislaciones a nivel local.
Remarcó que en el caso de nuestro país habría que modificar el Art. 71 de la Constitución, ya sea a través de una enmienda o reforma. Este artículo dice taxativamente lo siguiente: “El Estado reprimirá la producción y el tráfico ilícitos de las sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de tales actividades. Igualmente combatirá el consumo ilícito de dichas drogas. La ley reglamentará la producción y el uso medicinal de las mismas. Se establecerán programas de educación preventiva y de rehabilitación de los adictos”, concluyó.