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Villamayor dijo en Palacio de López que Arrom y Martí tienen cuentas pendientes con la justicia y el Gobierno pide su extradición, previa cancelación del refugio en el Brasil. Sobre la posible condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a sugerencia de la CIDH –ambos organismos de la OEA– señaló que no debe esperarse el peor escenario y ver qué decide el organismo. Indicó que a su criterio es ilógico el proceso que se llevó ante la CIDH. “Es ilógico, toma aspectos parciales y no se pueden utilizar los procedimientos con fórmulas sesgadas que pretenden analizar todo desde una óptica y bloquear la visión de la otra”, expresó.
Si bien por los antecedentes de la Corte IDH, la condena al Estado paraguayo sería inminente en el caso de Arrom y Martí, porque tienen la tendencia de favorecer a los denunciantes y en contra de un Estado.
El procurador general de la República, Sergio Coscia, el 28 de diciembre último, tras reunirse con el canciller Luis Castiglioni, entre otras autoridades, en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, alertó que es casi un hecho que la Corte IDH condene al Paraguay a pagar 63 millones de dólares a los “delincuentes Juan Arrom y Anuncio Martí”, quienes viven desde el 2003 en Brasil con estatus de refugiados políticos.
¿De dónde surge tan exagerada cifra de dinero? El procurador habría deducido de la cantidad solicitada como resarcimiento por los abogados de Arrom y Martí y que ronda los 63 millones de dólares.
Ayer intentamos consultar el tema con el procurador Coscia, pero el mismo no atendió nuestras llamadas telefónicas, ni respondió a la pregunta que le remitimos por WhatsApp.
Condenas anteriores
El Paraguay lamentablemente tiene varias condenas de la Corte IDH en casos de graves violaciones de Derechos Humanos, pero nunca fue obligado a pagar tan abultada cantidad de dinero.
En el 2004, la Corte IDH sentenció al Estado por tratos infrahumanos a niños en la cárcel de menores de Panchito López, de Itauguá, donde se registraron varios incendios y muertes de menores. Uno de los puntos de la condena fue que el Estado debía establecer políticas públicas integrales en materia de menores en conflictos con la ley.
En el 2005 la Corte condenó al Estado devolver 10.700 hectáreas de tierra en el Chaco a las comunidades indígenas Xákmok Kásek, Yakye Axa y Sawhoyamaxa, además de asegurar servicios públicos y alimentos a los nativos.
En el 2009 hubo una solución amistosa en el caso de la desaparición en el Chaco de dos adolescentes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Las familias recibieron un resarcimiento de unos 25.000 dólares cada una, además un pedido de disculpa pública del Estado y promesa de castigo a los responsables de la desaparición.
También cuestiona
El ahora excanciller Eladio Loizaga, quien se desempeñó en el gobierno del presidente Horacio Cartes, también cuestionó ayer el parcialismo con que estarían actuando la Comisión y la Corte Interamericana.
Indicó inclusive que estos hechos hacen que algunos países quieran abrirse de esos organismos.
También dijo que no hay seguridad en el monto con que se condenaría al Paraguay y destacó que durante su gestión se hizo seguimiento a este caso.
Audiencia será en febrero
La audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí será el 7 de febrero próximo en San José de Costa Rica. El 6 habrá una audiencia privada de los representantes del Estado paraguayo con el organismo de la OEA. El gobierno acusó a la Corte de dejar en una situación de indefensión al Estado al rechazarle la mayoría de sus testigos ofrecidos. La sentencia se tendría recién a mediados de este año.