Cargando...
El entorno cercano de la subcontralora de la República, Nancy Torreblanca, también se vio beneficiado con cargos que no corresponden y pago por horas extras, en la mayoría de los casos no trabajadas, según se desprenden de documentos que van saliendo a luz.
Uno de los beneficiados es Víctor Hugo Pereira, chofer de Torreblanca. En 2014, el funcionario mensualmente percibía en la institución un promedio de G. 6.000.000 por horas extras. Su salario ascendía a G. 3.841.200, suma que lograba triplicar con los cobros adicionales.
Según los documentos, solo de agosto a diciembre de 2014, Pereira cobró G. 35.836.650, por trabajar 634 horas extras.
Ascenso en 2015
En 2015, Pereira recibió un aumento de sueldo. Pasó a ganar G. 5.032.200 mensuales bajo el cargo de auditor, sin tener título académico. Supuestamente realiza la tarea de un “técnico calificado”.
La fiscalía anticorrupción, a cargo de Victoria Acuña, que investiga los millonarios pagos por horas extras en la Contraloría, comprobó que una de las personas que aprobaba los pagos era la propia subcontralora Torreblanca.
El Ministerio Público inició el proceso a raíz del sonado caso de Liz Paola Duarte, secretaria del contralor Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien llegó a cobrar G. 25.000.000 mensuales solo en horas extras. Se comprobó que la misma ingresaba a la institución, a la noche, para marcar tarjeta y así aumentar sus ingresos.
La fiscalía también investiga los casos de Reinaldo Eduardo Gadea, sobrino del contralor, y de Horacio Coelho, ambos exfuncionarios de la secretaría privada de Velázquez Gadea.
Según los informes, tanto Gadea como Coelho percibían también millonarios ingresos. El sobrino del contralor llegó a cobrar G. 171.033.826 desde enero de 2014 hasta abril de este 2015, por horas extras.
El funcionario también ostentaba el cargo de auditor y percibía un salario de G. 5.032.200. Sin embargo, no tiene título universitario y, según la Contraloría, solo desempeña trabajo correspondiente a un auxiliar de servicios.
Los tres funcionarios mencionados renunciaron a la institución la semana pasada, tras el allanamiento realizado por la fiscala Acuña para incautar documentos en el marco de la investigación iniciada tras denuncias periodísticas de pagos irregulares.