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Se hallaba también imputado por un caso de presunta corrupción cuando era presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) entre los años 1999 y 2002.
El caso era mucho más grave dado que se trataba de la financiación millonaria de telefonía satelital en zonas rurales que nunca operaron porque sencillamente no se instalaron o los pocos aparatos instalados jamás funcionaron.
Tal como ahora, Bogado se ponía a disposición del Ministerio Público para ser investigado, pero por otro lado hacía un fuerte lobby para que sus colegas cerraran filas en su defensa, cosa que finalmente logró.
Ya casi a fines del 2006 los diputados votaron en contra del pedido de desafuero. El liberal Blas Inocencio Riveros fue uno de los que permitieron la impunidad, dando quórum a la sesión de Diputados.
El entonces fiscal Arnaldo Giuzzio, hoy colega del propio Bogado en el Senado, no tuvo más remedio que paralizar el proceso. Sin embargo, el caso prosiguió para los demás imputados.
Entre los procesados en la causa figuraban los extitulares de la entidad Luis Reinoso y Omar Ramos Llano, así como Inocencia López de Sanabria, exsíndica de la institución; Rodolfo Efraín López Pavón, exasesor jurídico de Conatel; y los consejeros Lidio Estigarribia, Francisco Delgado Márquez y María Amarilla Taniguchi.
Los funcionarios de la Conatel fueron sobreseídos, pero no así los empresarios, quienes, sin embargo, de todas maneras salieron beneficiados por la justicia, mediante la concesión de un pedido de prejudicialidad. Esta figura requiere de una resolución administrativa previa o del fuero civil que determine si hubo o no perjuicio.
Esta herramienta legal fue el argumento perfecto del cuestionado juez Hugo Sosa Pasmor para “limpiar” a cada uno de los procesados, incluyendo al principal sospechado, Víctor Bogado.
El juez se valió de un dudoso documento de la Conatel –que luego desapareció– que supuestamente avalaba todos los desembolsos aprobados a favor de las empresas que habían incumplido con los contratos.
La “limpieza” iniciada por Sosa Pasmor fue continuada por los integrantes del Tribunal de Cuentas y los ministros de la propia Corte Suprema de Justicia.
Cinco años después, en el 2010, Bogado, aprovechando la prejudicialidad, solicita el “respaldo” de sus colegas legisladores, quienes le conceden el desafuero, a sabiendas de que el juicio ya no podría acarrearle problema alguno.
Gracias al sistema judicial paraguayo, el legislador quedó totalmente desvinculado de la causa el año pasado, en el caso que comenzó en 2005 por perjuicio patrimonial al Estado, de 7.500 millones de guaraníes, confirmado por la propia oficina forense de la Contraloría General de la República.