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Antes del inicio de la sesión ordinaria, la bancada colorada “A” (cartista) se reunió en la oficina del presidente de Diputados Pedro Alliana y en esa oportunidad se reveló la línea política que bajaba directamente del Ejecutivo, disponiendo evitar el juicio político del fiscal general Javier Díaz Verón. Algunos legisladores oficialistas tenían la expectativa de que se liberarían los votos, con lo cual habría al menos algunas abstenciones. Sin embargo, la orden fue votar en bloque, sin fisuras, lo cual cumplieron todos, pese a que algunos no estaban de acuerdo, según trascendió.
Solamente Clemente Barrios, líder de la bancada cartista, y Bernardo Villalba, presidente de la Comisión de Legislación, argumentaron la postura del oficialismo de rechazo al juicio. No pasó desapercibido el silencio de Ramón Romero Roa, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien siempre fundamenta en las cuestiones vinculadas a juicio político.
Barrios fundamentó el rechazo, señalando que respondía a intereses del PLRA para presionar a la Fiscalía igual que lo hacen con la Corte, según dijo. También afirmó que el fiscal Díaz Verón ya no cumple funciones por haber pedido “permiso”, además de que feneció en su mandato (en noviembre de 2016), por lo cual no cabía enjuiciarlo. Reclamó que el Senado debe pronunciarse sobre la candidata del Ejecutivo a fiscal general Sandra Quiñónez para dar una salida institucional.
Por su parte, el diputado Villalba cuestionó que en el pedido de juicio político aluda como motivos lo revelado en los audios “obtenidos ilegalmente”, sin orden judicial y que no tienen ningún valor para un juicio. Sin embargo, no mencionó que la bancada de Colorado Añetete presentó otro proyecto de libelo acusatorio que no mencionaba los audios como causales.
Villalba también se refirió a la crisis del 31 de marzo del año pasado y a la quema parcial del Congreso que el proyecto presentado originalmente por diputados opositores menciona como motivo del pedido de juicio. El legislador insistió en la violencia ejercida por los jóvenes que atacaron la sede legislativa pero, sugestivamente, no se refirió en ningún momento al asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana a manos de agentes policiales y a la cuestionada investigación que llevó y lleva adelante el Ministerio Público, con relación a ese hecho. Recalcó que la forma de llevar adelante el juicio arriesgaba la institucionalidad. Insistió en que la difusión de los audios violaba la Constitución. No mencionó el esquema de corrupción que dejaron al descubierto los audios que se difundieron en los medios de comunicación y que motivaron la salida de dos senadores: el cartista Óscar González Daher (expulsado) y el oviedista Jorge Oviedo Matto, a quien se le aceptó su renuncia.
Ausentes
La ausencia de cuatro diputados liberales ratificó que continúa el compromiso de un sector opositor con el cartismo aunque el PLRA aclaró que Dionisio Amarilla se encuentra en el exterior por motivos de salud.
Responsabiliza al Senado
El presidente de la Cámara de Diputados Pedro Alliana (ANR-cartista) dijo que la culpa de que no haya un nuevo fiscal general del Estado es del Senado y en particular de la oposición “que tiene secuestrado a tres ministros de la Corte” que están haciendo favores a muchos imputados y procesados de la Cámara Alta. Sostuvo que el rechazo al juicio político no le daba impunidad al Díaz Verón, que igual continuará siendo investigado por la fiscalía con relación a las denuncias en su contra.