Cartistas montaron historieta del celular con apoderado de la ANR

La “fantástica” historia de cómo apareció en manos de Luis Canillas el celular donde se habla de un supuesto intento de magnicidio se desmoronó ayer. La telefónica informó que el número es del hermano del apoderado de ANR Eduardo González Báez, el mismo que denunció a Lugo por campaña engañosa, el mismo que dijo que una funcionaria del TSJE cargó planillas adulteradas.

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Se acabó el misterio del dueño del celular presentado como evidencia de intento de magnicidio contra Horacio Cartes. Con el informe de la telefónica ayer se develaron las mentiras del asesor jurídico de Yacyretá, el abogado Luis Canillas.

El cuento

Luis Canillas dijo a la Fiscalía que un amigo suyo de nombre Hugo Martínez le habló de otra persona a quien habían metido en el grupo de los senadores. Después dijo que otra persona a quien conoce de vista y “creía” que era un abogado le dijo lo mismo. Después ya aseguró que le llamó por teléfono alguien de nombre Franco González, quien le manifestó que el celular era usado por su esposa. “Me reuní con esta persona en la vía pública”, dijo también Canillas, como si se tratara de un desconocido.

La telefónica Claro informó ayer que el celular está desde fines de diciembre del año pasado a nombre Franco Israel González Báez, ni más ni menos que hermano del apoderado de la ANR Eduardo González Báez. Anteriormente estuvo en manos de su cuñada, María José Aguiar Pauzier, no en manos de su esposa, Rocío, –como también mintió Canillas a la Fiscalía–.

Franco González es hermano del asesor jurídico y apoderado de la ANR Eduardo González Báez. Este abogado es el mismo que el 11 de noviembre del año pasado presentó denuncia por campaña engañosa contra Fernando Lugo. Es también el mismo que el lunes 30 de enero se presentó en conferencia de prensa con Nelson Mora, Raulito Sánchez y Fernando Ayala a contar que habían “descubierto” el misterio de las adulteraciones de planillas y culparon a una funcionaria del TSJE.

Eduardo Ariel González Báez es también uno de los dos abogados que en el 2012 recibió un pago del gobierno por valor de G. 2.126 millones en concepto de honorarios generados a raíz de una demanda contra el Estado paraguayo en el caso vinculado con la concesión irregular de créditos dados por el BNF a transportistas durante el gobierno de Wasmosy. Casualmente, el pleito fue llevado adelante por la Procuraduría, en ese entonces a cargo de Nelson Mora, padre.

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