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Buzarquis, con el evidente propósito de dilatar su proceso, apeló la resolución de los camaristas Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos. Los miembros del Tribunal de Apelación, Primera Sala, habían confirmado a la jueza Caballero en el proceso.
El político liberal había recusado a la jueza, que ante esta situación prefirió inhibirse de la causa. Sin embargo, el magistrado Óscar Delgado impugnó el apartamiento de su colega y el expediente fue revisado en segunda instancia.
Los camaristas Santander, Mayor Martínez y Ocampos ratificaron a Caballero, pero la decisión no agradó a Buzarquis, quien apeló la resolución. Ahora, el expediente subirá a la Sala Penal integrada por los ministros Sindulfo Blanco, Luis María Benítez Riera y Alicia Pucheta. El hijo del primero, Rodrigo Blanco, figura en la lista de candidatos para la Cámara de Diputados por el movimiento que lidera Buzarquis.
Atendiendo la vinculación política entre su hijo y el político liberal, se espera que el ministro Blanco se aparte del proceso. Este hecho ya va a ayudar a dilatar el caso, debido a que se tiene que buscar otro ministro que integre la Sala Penal.
Más de dos años
Hace más de dos años que no se puede hacer la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si el exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Federico Franco afronta o no juicio oral. La fiscala Victoria Acuña lo acusó por lesión de confianza y usurpación de funciones el 1 de julio de 2015.
La agente del Ministerio Público refirió que el político liberal causó un perjuicio de US$ 600.000 a Obras Públicas.
Según la fiscalía, el 24 de setiembre de 2012, Buzarquis firmó un convenio con la empresa italiana Anas Internacional Enterprise SPA, representada por Pietro Ciucci. En el acuerdo se estableció un estudio de suelo en la Región Occidental para la construcción de carreteras y un plan de desarrollo departamental en Ñeembucú para la gestión de catástrofes. Sin embargo, los estudios ya habían sido realizados.
Chicanas
Desde el 1 de julio de 2015, Buzarquis y sus abogados promovieron incidentes dilatorios para evitar que se haga la preliminar. (Ver infografía).
Los defensores presentaron escritos en los cuales decían que supuestamente tenían otras audiencias señaladas con anterioridad, inclusive viajes al interior que podrían causarles “enorme perjuicio” si no lo hacían.
Los argumentos pocos creíbles para tratar de trabar la audiencia, sin embargo, “convencieron” a la jueza Caballero.
En este caso, Buzarquis incluso presentó una certificado médico de contenido falso, hecho por el cual tiene otra imputación penal que el Ministerio Público presentó en su contra.
JUEZA COMPLACIENTE
La jueza Griselda Caballero, en todo el proceso se mostró muy complaciente, pese a un supuesto ejercicio abusivo del derecho, atendiendo que hace más de dos años no se puede hacer la preliminar.
La magistrada no aplicó ninguna sanción, pese a que así lo establecen la ley y las acordadas dictadas por la Corte para acelerar las causas penales.
Caballero estaría violando el artículo 4º de la Acordada 961/15, que señala que los jueces que no sancionan a los chicaneros estarían cometiendo una falta grave en el ejercicio de sus funciones.
El caso de Buzarquis es apenas un ejemplo de como se dilatan los procesos a los políticos acusados por corrupción.
Insiste en su inocencia y que no hay garantías
El precandidato a senador Salyn Buzarquis (PLRA), imputado por presunta estafa siendo titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, manifestó que nunca cometió ilegalidad alguna y acusó a la fiscala Victoria Acuña y al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, de atacarlo por orden del gobierno de Horacio Cartes.
Igualmente manifestó que la citada agente fiscal “blanqueó” a todos los políticos liberales que se vendieron al Presidente Cartes, entre ellos los senadores Enzo Cardozo y Fernando Silva Facetti, mientras que en su caso lo siguen persiguiendo.
Remarcó que Acuña le había dado el sobreseimiento provisional, pero que se echó atrás por orden de Cartes buscando su bendición para integrar la actual terna par la Fiscalía General.
Alega que por esta falta de garantías utiliza todo los recursos legales a su alcance para dilatar su caso y no someterse a juicio. Manifestó que actualmente en Paraguay no hay garantías constitucionales para someterse a un juicio.
El político liberal insistió en su inocencia, así como también la falta de sustento de la acusación de fiscalía.
Enzo y Silva
La fiscala Acuña no había imputado a Enzo Cardozo, por un presunto perjuicio de G. 35.000 millones al Ministerio de Agricultura, cuando era su titular.
La agente también blanqueó a Silva Facetti por presuntas compras sobrefacturas que hizo cuando era presidente del Instituto de Previsión Social.