Borraron 2.000 mensajes del teléfono de Canillas

Al menos 2.000 mensajes fueron borrados del teléfono que Luis Canillas, abogado de Yacyretá, entregó a la Fiscalía como prueba del supuesto plan magnicida contra el presidente Horacio Cartes. Los colorados abrieron el paraguas y dicen que los mensajes borrados no afectan la investigación.

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El peritaje e inspección del celular entregado al Ministerio Público por Canillas, asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y miembro del entorno cartista, demostró que al menos 2.000 mensajes fueron borrados de la unidad. Así lo confirmó ayer el abogado defensor de la senadora Desirée Masi (PDP), Guillermo Duarte.

El peritaje se lleva a cabo en el marco de la denuncia penal presentada por el oficialismo contra senadores de la oposición y la disidencia colorada. Se acusa a estos de planear un juicio político contra el presidente Horacio Cartes y el Vicepresidente Juan Afara o de organizar un magnicidio contra el mandatario.

Dicha denuncia es calificada de una cortina de humo, ya que surge cuando el entorno del presidente Cartes impulsa un inconstitucional proyecto de reelección pro enmienda constitucional.

“Vamos a pedir que se indague en qué fecha se borraron para determinar quién fue el que borró”, indicó el abogado.

“Es evidente que se alteraron las conversaciones. Queremos saber si se eliminaron ya estando en poder de Canillas o de quien tenía el teléfono anteriormente”, aseveró Duarte.

“Se va desvaneciendo cada vez más esta cuestión, porque ahora tenemos probado de que ese teléfono se manipuló, se borraron conversaciones. La persona que leía el chat no leyó todas las conversaciones”, sentenció el letrado.

Ante la revelación, la dirigencia del Partido Colorado, agrupación que respalda institucionalmente la denuncia, salió al paso.

En una reunión en la Junta de Gobierno celebrada ayer de tarde, numerosos dirigentes afirmaron que los mensajes borrados corresponden a otras conversaciones personales que no hacen lugar a la investigación.

El teléfono entregado por el oficialismo al Ministerio Público pertenece a Franco González Báez, hermano de Eduardo González, apoderado legal de la ANR.

Este dato fue ocultado por Canillas y no se descubrió hasta que la Fiscalía indagó sobre el verdadero propietario del celular utilizado como prueba.

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