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Bogado, presidente de la Cámara Baja, dijo ayer que hay explicaciones técnicas que prueban su inocencia en el caso que investiga el Ministerio Público y en el que el fiscal anticorrupción, Arnaldo Giuzzio, pidió su imputación. Sin embargo, el diputado no quiso entrar en detalles sobre los supuestos argumentos técnicos.
Los que sí expusieron argumentos técnicos fueron los auditores de la Contraloría quienes presentaron un informe en el que confirman que Bogado realizó un pago multimillonario por un servicio que no existía.
De acuerdo con el documento, el 5 de octubre de 2001, Víctor Bogado, entonces presidente del ente regulador del mercado de las telecomunicaciones, Conatel, autorizó el pago de 6.500 millones de guaraníes al Consorcio Electro Import-Impsat SA en concepto de subsidio por la instalación de 750 teléfonos satelitales en el interior del país.
Fue el segundo desembolso, ya que antes, el 26 de diciembre de 2000, al momento de suscribir el contrato con la firma privada, le entregó una suma igual. El siguiente pago debía haberse efectuado cuando Conatel hubiera certificado que todos los aparatos estaban instalados y en perfecto funcionamiento. Según Contraloría, Bogado fue informado de que solo había constancia del funcionamiento de 75 aparatos, además de que la tecnología empleada no era la que se pactó en la licitación. Pese a ello, el entonces presidente de Conatel autorizó el segundo desembolso.
Hay más. De acuerdo con verificaciones que hizo Contraloría, la contratista importó en todo el 2001 solo 400 aparatos telefónicos con sus respectivos soportes. Incluso descubrió que los equipos fueron liberados de Aduanas recién el 26 de diciembre de 2001, casi tres meses después de que Bogado pagara la segunda cuota.
Los datos aportados por Aduana prueban no solo que para cuando se realizó el pago no estaban operando los 750 aparatos, sino que pone en tela de juicio la supuesta verificación de los primeros 75, ya que para entonces la mercadería ni siquiera había abandonado los depósitos aduaneros; mal podían estar operativos en el interior del país.
Estos son los argumentos legales que sirvieron de base al fiscal Arnaldo Giuzzio para imputar a Víctor Bogado por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Se presume que el actual diputado generó un daño patrimonial al Estado de cuanto menos unos 6.500 millones de guaraníes.
Los que sí expusieron argumentos técnicos fueron los auditores de la Contraloría quienes presentaron un informe en el que confirman que Bogado realizó un pago multimillonario por un servicio que no existía.
De acuerdo con el documento, el 5 de octubre de 2001, Víctor Bogado, entonces presidente del ente regulador del mercado de las telecomunicaciones, Conatel, autorizó el pago de 6.500 millones de guaraníes al Consorcio Electro Import-Impsat SA en concepto de subsidio por la instalación de 750 teléfonos satelitales en el interior del país.
Fue el segundo desembolso, ya que antes, el 26 de diciembre de 2000, al momento de suscribir el contrato con la firma privada, le entregó una suma igual. El siguiente pago debía haberse efectuado cuando Conatel hubiera certificado que todos los aparatos estaban instalados y en perfecto funcionamiento. Según Contraloría, Bogado fue informado de que solo había constancia del funcionamiento de 75 aparatos, además de que la tecnología empleada no era la que se pactó en la licitación. Pese a ello, el entonces presidente de Conatel autorizó el segundo desembolso.
Hay más. De acuerdo con verificaciones que hizo Contraloría, la contratista importó en todo el 2001 solo 400 aparatos telefónicos con sus respectivos soportes. Incluso descubrió que los equipos fueron liberados de Aduanas recién el 26 de diciembre de 2001, casi tres meses después de que Bogado pagara la segunda cuota.
Los datos aportados por Aduana prueban no solo que para cuando se realizó el pago no estaban operando los 750 aparatos, sino que pone en tela de juicio la supuesta verificación de los primeros 75, ya que para entonces la mercadería ni siquiera había abandonado los depósitos aduaneros; mal podían estar operativos en el interior del país.
Estos son los argumentos legales que sirvieron de base al fiscal Arnaldo Giuzzio para imputar a Víctor Bogado por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Se presume que el actual diputado generó un daño patrimonial al Estado de cuanto menos unos 6.500 millones de guaraníes.