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Bogado dice que su denuncia no pretende dilatar la causa penal en su contra ni busca la separación de los fiscales que llevan el caso. Sin embargo, con su presentación el legislador colorado lo que busca es dilatar el caso, ya que para el 2 de octubre está prevista la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si afronta o no juicio oral.
El parlamentario, que se declara inocente y perseguido, pide a la fiscala general Sandra Quiñónez que revise la actuación de los fiscales.
El legislador colorado cartista está acusado por estafa (autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice). La fiscalía dice que el primer hecho punible está probado con dos notas que Bogado remitió a Itaipú, en las que solicitó el comisionamiento de la niñera de sus hijas Gabriela Quintana a la Cámara de Diputados, en donde él era presidente (2013) y la mujer ya había sido nombrada como funcionaria. Es decir que Bogado sabía que Quintana, al ser contratada en la binacional, no iba a poder cumplir funciones en la entidad.
En el escrito de ayer, el parlamentario puntualizó que hubo un “error”, ya que Quintana le pidió su comisionamiento a Itaipú y no como sostiene la fiscalía, que la mujer solicitó su comisionamiento a la Cámara Baja. “A pesar de lo inusual del pedido (comisionamiento de Quintana a Itaipú), lo he autorizado pasando la nota de aquella funcionaria a Secretaría General para la preparación del requerimiento respectivo. Se trataba de un pedido de los más de miles que anualmente se firman en la Cámara de Diputados, tanto para pedir comisionamiento a otras instituciones para responder a este tipo de requerimientos”, sostuvo el parlamentario acusado.
“Confusión”
Agregó que el inusual requerimiento generó confusión y error en el funcionario de la Secretaría General, que alteró el “sentido de lo solicitado por Quintana”. “Se elaboró así un pedido de comisionamiento de Itaipú a Diputados, cuando debió ser al revés”, resaltó Bogado.
Insistió en que Quintana nunca fue la niñera de sus hijas y que la acusación se sustenta sobre datos de contenido falso y las declaraciones del ingeniero Franklin Boccia, “que lejos de acreditar mi participación en los hechos investigados, en realidad, han puesto en evidencia las mentiras e inconsistencias en que el mismo incurrió en las dos ocasiones en que prestó testimonio ante el Ministerio Público, al tiempo en que además dejaba claramente expuesto que en la Itaipú Binacional se habían cometido los hechos punibles de lesión de confianza y producción y uso de documentos no auténticos”.
En su escrito, Bogado se declara un perseguido por la fiscalía y apunta su acusación contra el fallecido exdirector de Itaipú, Franklin Boccia, que, según él, cometió el delito de lesión de confianza. La fiscalía dice que el perjuicio a la binacional, mediante el cobro indebido, fue de G. 71 millones.
El legislador acusado, dice también en su defensa que los empleados de Itaipú no son funcionarios públicos y que esto los fiscales no tuvieron en cuenta.
Sin embargo, los fiscales acusadores René Fernández y Liliana Alcaraz tienen los documentos que prueban la estafa atribuida a Bogado en perjuicio de Itaipú, que son las dos notas de pedido de comisionamiento de Quintana a la Cámara de Diputados.
Además, los fiscales cuentan con las planillas firmadas por Bogado, en las que certificó la asistencia de la “niñera de oro” en Diputados y específicamente a su cargo.
La denuncia se trata de otra maniobra del legislador, que fue convocado por la justicia el 2 de octubre para la audiencia preliminar.
Bogado y Quintana fueron imputados el 24 de octubre de 2013 y acusados el 24 de abril de 2014. El proceso está plagado de chicanas.