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La decisión fue tomada calladamente por la fiscala Analía Rodríguez, esposa del ex secretario general de la jefa comunal esteña Óscar Ocampos, cuando ella era responsable de la Unidad 9 del Ministerio Público de Ciudad del Este, de donde fue trasladada a Presidente Franco hace alrededor de un mes.
Las dos causas desestimadas se abrieron a partir de denuncias presentadas por el abogado de funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Nicolás Russo.
Causa contra McLeod
En la causa 430/2017 se investigaba por usurpación de funciones públicas y asociación criminal a la intendenta Sandra McLeod de Zacarías Irún y a los concejales colorados del periodo anterior, quienes aprobaron la ordenanza 002/2015, que declara el inmueble de la ANNP como área para la instalación de un hotel casino de una cadena internacional, incluso cuando el terreno no es municipal y sin tener en cuenta que el artículo 16 de la Ley 1066/65 que prohibe al directorio de Puertos usar su patrimonio para cuestiones comerciales, financieras o industriales extrañas a su función.
En ese expediente, la fiscala interina Claide Acosta había pedido a la propia intendenta investigada que explique el alcance de la ordenanza. Russo había cuestionado la medida alegando que en el Código Procesal Penal no está configurado como elemento procesal “algo que se llame explicación del alcance del hecho punible denunciado”.
Conajzar
Entretanto, en la causa 12.027/2016 se investigaba al presidente de la Conajzar (Comisión Nacional de Juegos de Azar), Javier Balbuena, y a otras autoridades nacionales por usurpación de funciones públicas, lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, prevaricato grave y tentativa de destrucción y/o alteración del patrimonio histórico cultural de Ciudad del Este.
Russo había denunciado a Balbuena y demás debido a la aprobación, el 2 de diciembre de 2016, por parte de la Conajzar, del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación por el cual se concederá por 30 años el privilegiado predio de la ANNP, para la construcción de un hotel casino de explotación privada. Se alega que la decisión viola la Ley 1066/65 de Puertos, entre otras disposiciones.
Con todo, el 3 de marzo, el presidente de la República firmó el decreto 6865 que aprueba el llamado a licitación e incluso autoriza al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, a firmar contrato con el ganador. Por esta razón, Russo amplió la denuncia contra Horacio Cartes, Leite y el directorio de Puertos.
Las denuncias se habían perdido y después habían quedado “cajoneadas”. Ayer, el actual fiscal de la unidad 9, Osmar Legal, confirmó que antes de ser trasladada, la fiscala Analía Rodríguez desestimó ambas causas, blanqueando así a todos los denunciados, pero en absoluto silencio.
El despojo
Desde el año 2013, un grupo de políticos proyecta la concesión del predio de la ANNP donde funciona la Aduana al empresario israelí-venezolano Simón Falic durante 30 años, para la construcción de un hotel casino privado de la franquicia de Hard Rock. Los impulsores del plan son el presidente de la República, Horacio Cartes, y los integrantes del “Clan Zacarías”, Javier Zacarías, asesor de Cartes; su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, y su hermano Justo Zacarías, gobernador de Alto Paraná, además del presidente de Conajzar, Javier Balbuena. También aparece en escena el empresario brasileño-israelí Darío Messer, conocido como el “hermano espiritual” de Cartes.
Falic formó varias empresas en nuestro país, todas habilitadas en el dúplex de las oficinas del consejero de Yacyretá Emilio “Tiky” Cubas, quien es primo del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite Gusinky, y compadre de Javier Zacarías Irún.