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El caso llamó la atención porque el 1 de octubre del mismo año, la pareja del fiscal, Monserrat Dávalos, fue nombrada como directora en el TSJE con un salario de G. 20 millones.
Lebedich indicó en su dictamen: “Con relación a la desestimación requerida, se confirma que al quedar sin efecto las adjudicaciones a favor de las empresas Montelindo y Heidecom SA y declarada la terminación de los contratos suscriptos entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y las empresas citadas, y la no realización de ningún pago o erogación económica a los representantes de las citadas empresas, no existe detrimento o perjuicio patrimonial en las arcas de la Justicia Electoral”.
Continúa: “En tal sentido, no se presentan los elementos constitutivos de la lesión de confianza y al no estar prevista expresamente la punibilidad de tentativa, resulta evidente la atipicidad del hecho. Como así también, al confirmar que las empresas Heidecom SA y Montelindo han participado pública, legal y abiertamente al primer llamado 1/2014, no constituye declaración falsa alguna y al faltar uno de los elementos constitutivos del tipo penal de estafa, el hecho tampoco se configura”.
El responsable del sumario también indicó que, en lo que respecta a María Monserrat Dávalos Torres, el Ministerio Público “no tiene potestad administrativa para expedirse al respecto”, ya que es atribución del TSJE, pero señaló que la Fiscalía General del Estado, en pleno uso de sus facultades y atribuciones legales, ordenó la investigación en la Unidad Penal Ordinaria, a cargo de la agente fiscal Susy Riquelme.