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Coscia, después de tratar el caso con el canciller Luis Castiglioni, en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó a la prensa que el Estado paraguayo “está absolutamente desprotegido” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esta instancia está por condenar al Paraguay a pagar la millonaria suma mediante “un sistema procesal perverso”. Dijo además que la Corte, con sede en San José, Costa Rica, “actualmente se encuentra totalmente ideologizada”.
La casi segura condena, según Coscia, es en la demanda que las hermanas Arrom promovieron en el 2004 contra el Estado (se pidieron US$ 80 millones de resarcimiento) por presuntas violaciones de los DD.HH. de Juan Arrom y Martí. En realidad, estas dos personas participaron del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi el 16 de noviembre de 2001, según la justicia paraguaya. El 19 de febrero de 2002 la mujer fue liberada, tras el pago de US$ 1 millón por el rescate.
Tras la investigación fiscal, Arrom y Martí aparecen como supuestos autores y fueron procesados pero estos huyeron al Brasil, donde solicitaron el estatus de refugiados. El 6 de diciembre de 2003 el vecino país le concedió el estatus de refugiados. Hay que tener en cuenta que este beneficio se le otorgó durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el 1 de enero de ese año y afín políticamente a los prófugos de la justicia.
La defensa de Arrom y Martí invierte los roles. Supuestamente estas personas fueron secuestradas por parte de la fuerza pública paraguaya, motivo por el cual solicitan una indemnización.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., ignoró el proceso judicial en Paraguay que poseen por secuestro y se limitaron a analizar el caso de Arrom y Martí como víctimas de un rapto. Por ese motivo, recomendó en setiembre del 2017 al Estado paraguayo a resarcir con la suma de US$ 63 millones a Arrom y Martí, además de costearles un tratamiento sicológico y el mantenimiento económico de sus familias, dijo Coscia. Explicó que el Estado rechazó la recomendación.