Cargando...
El procurador general de la República, Sergio Coscia Nogués, anunció el 28 de diciembre pasado, tras reunirse con el canciller Luis Castiglioni, entre otras autoridades, en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es casi un hecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condene al Paraguay a pagar 63 millones de dólares en juicio que entablaron Juan Arrom y Anuncio Martí. Ambos denunciaron al Estado por su presunta desaparición forzada y tortura en el 2002.
De acuerdo con datos oficiales del gobierno de Mario Abdo Benítez, solo Juan Arrom solicita US$ 20 millones (ver facsímil). Los familiares de Juan Arrom piden US$ 14 millones. En tanto, Anuncio Martí solicita US$ 20 millones. Sus familiares piden US$ 8 millones. En total la suma asciende a US$ 63 millones.
La fuente aclaró que en el informe 100/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no especifica montos de indemnización. Los abogados de Juan Arrom negaron que solicitaron la elevada suma.
Por los antecedentes de la citada Corte Interamericana, la condena al Estado paraguayo sería inminente en el caso de Arrom y Martí, porque tienen la tendencia de favorecer a los denunciantes y en contra de un Estado.
En el juicio, la CIDH solo admitió como testigo propuesto por el Estado paraguayo al ex fiscal general Óscar Germán Latorre (2001-2005).
Arrom y Martí se fugaron al Brasil en el 2003 cuando estaban siendo procesados por el secuestro de María Edith y en el vecino país consiguieron refugio. Ambos fueron dirigentes del extinto partido Patria Libre, la génesis del EPP.
Audiencia en febrero
La audiencia pública en la Corte IDH, en el caso Arrom será el 7 de febrero próximo en San José de Costa Rica.
El 6 habrá una audiencia privada de los representantes del Estado paraguayo con el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También resolvió comunicar a los representantes, al Estado y a la CIDH que cuentan con un plazo hasta el 8 de marzo de 2019 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso.
Este plazo es improrrogable e independiente de la puesta a disposición de las partes de la grabación de la audiencia pública.
El gobierno de Mario Abdo Benítez acusó a la Corte IDH de dejar en una situación de indefensión al Estado al rechazarle la mayoría de sus testigos ofrecidos. La sentencia se tendría recién a mediados de este año.
Revocación del refugio
El Gobierno de Mario Abdo Benítez oficializará este mes ante el nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro, el pedido de la revocación del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí en Brasil, ambos acusados por el secuestro de María Edith de Debernardi. De acuerdo a fuentes diplomáticas, el pedido será formalizado en el trascurso de este mes ante las autoridades brasileñas en Brasilia. La solicitud debe ser entregada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty).