Arresto domiciliario para empresario que colaboró

El empresario Adolfo Granada tiene desde ayer arresto domiciliario bajo fianza de G. 500 millones por disposición del juez de garantías Humberto Otazú. Es en la causa que afronta por lavado de dinero y asociación criminal.

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En la audiencia realizada ayer a la mañana ante el juzgado de garantías de delitos económicos, los abogados Rodolfo Gubetich y Luis Ayala solicitaron la libertad de su defendido.

Para el efecto, además de ofrecer sus respectivas fianzas, destacaron el hecho de que Granada se presentó voluntariamente al enterarse de su imputación y colaboró con la investigación, al proporcionar toda la información requerida durante la declaración indagatoria realizada el día anterior.

Si bien el Ministerio Público había solicitado prisión para todos los procesados tras la declaración de Granada, rectificó su pedido con relación al mismo.

“Al momento de la formulación de la imputación, esta Fiscalía no contaba con mayores datos respecto al domicilio, oficio o profesión o demás datos del señor Adolfo Enrique Granada Cubilla, información que a la fecha ha sido incorporada al cuaderno de investigación. Además la circunstancia de la presentación en forma inmediata y espontánea a cumplir con la orden de detención fiscal, denota una voluntad de sometimiento al procedimiento y la mitigación del peligro de fuga”, refiere el dictamen.

Otazú estableció el arresto domiciliario, previa imposición de una fianza personal de G. 250 millones para cada uno de los dos defensores.

“Obviamente nuestra expectativa era otra, pero tampoco estamos disconformes, hubiésemos querido otra situación pero entendemos que forma parte de un proceso que tenemos que transitar. Bueno, eso forma parte de la disposición que tenemos nosotros, que tiene el señor Granada de someterse a las instituciones y ponerse a disposición”, expresó el abogado Gubetich.

Actualmente están bloqueadas las cuentas de Granada y los demás procesados –Darío Messer Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grinspun– y todos tienen prohibición general de vender y gravar bienes.

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