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MONTEVIDEO (EFE). Los abogados de los dos militantes del opositor Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay (PLRA), detenidos en Montevideo por estar imputados en su país por participar en los disturbios de marzo por la reelección, explicaron hoy su situación al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.
Así lo dijo a EFE la paraguaya Kattya González, abogada de los dos detenidos, Brian Martínez y Osvaldo Luis Sánchez, y de Rubén Moisés Galeano y Daniel Aquino, otros dos militantes de PLRA que se encuentran en Montevideo y que junto a sus compañeros pidieron asilo político en Uruguay a mediados del pasado junio. “Presentamos una contextualización de los hechos ante el ministro de Relaciones Exteriores, todo el detalle”, dijo la abogada.
González explicó que el pedido de extradición de Paraguay llegó a Uruguay “sin contextualizar, como si fueran procesados comunes y eso provoca que la Justicia actúe y los detiene”.
La abogada indicó que se ha logrado adelantar para “entre mañana y el lunes” la audiencia para solicitar estatus de refugiado para los dos detenidos, que permanecen apresados desde el pasado lunes.
En el momento en que se les otorgue ese estatus, “cesa cualquier pedido de extradición de Paraguay” y ellos quedan libres, comentó.
La audiencia para el pedido de estatus de refugiado para los dos militantes que están en libertad en la capital uruguaya sigue su cauce normal porque en Paraguay no hay de momento un pedido de extradición para ellos. “Si sucede (si llega ese pedido de extradición) se les podría detener”, anunció la abogada.
Según la Fiscalía, Brian Martínez habría ingresado con varias botellas inflamables en la sede del Partido Liberal el pasado 31 de marzo, cuando grupos de manifestantes quemaron parte del edificio del Congreso como respuesta a la aprobación fuera de sesión del Senado del polémico proyecto de reelección. La Fiscalía añadió que Luis Osvaldo Sánchez habría elaborado bombas incendiarias de fabricación casera y permanecido con ellas en la sede de ese partido durante la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril.
A principios de abril, la Fiscalía imputó a más de 20 personas por los disturbios del 31 de marzo, que se registraron después de que un grupo de 25 senadores aprobara una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial.