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El senador Arnaldo Giuzzio (PDP), vocero de la comisión de Legislación, señaló que el objetivo era ordenar y facilitar la emisión de los certificados de antecedentes y evitar las dificultades que muchas veces tienen personas que cumplieron sus condenas pero siguen figurando con sus antecedentes judiciales, lo cual les dificulta acceder a puestos laborales o realizar trámites en instituciones públicas y privadas.
El proyecto, con algunas modificaciones, vuelve a la Cámara Baja para su consideración. Entre las funciones de la Oficina de Antecedentes Penales estará la de llevar el registro actualizado de las sentencias condenatorias y firmes, además de un archivo actualizado.