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La normativa “de Promoción de la infraestructura pública” establece que el Estado podrá firmar contratos para realizar obras con participación en alianza con sector privado.
Establece que los contratos de participación público-privada son aquellos en los cuales la administración contratante encarga a un inversionista privado el diseño y/o construcción de una infraestructura y sus servicios asociados.
La contraprestación a percibir por el inversionista consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.
El proyecto establece que en todos los contratos serán aplicables disposiciones y principios generales de la Ley de Contrataciones Públicas.
El diputado de Patria Querida Sebastián Acha cuestionó la normativa señalando que la misma deroga la Ley de Contrataciones Públicas y crea dos categorías de oferentes: los que trabajan con el sector público, y los que no. Insistió en que toda la ley está hecha para evitar el Control de Contrataciones Públicas. “Esta ley desregula el sistema de Contrataciones”, acotó.
Finalmente, el proyecto fue aprobado y pasa al Senado para su análisis.