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En medio de un caldeado debate que se inició a las 09:00 y se extendió hasta las 20:00, el Senado aprobó en sesión extraordinaria el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018 con varias modificaciones respecto al plan inicial enviado por el Poder Ejecutivo, de unos G. 73,1 billones. En la primera vuelta, Diputados llevó a G. 73,61 billones y finalmente ayer se aprobó sobre una base de G. 73,5 billones, aunque aún faltan definir los articulados y recortes en algunos rubros.
Los cambios más significativos fueron los ajustes en materia salarial, por encima de lo recomendado por Hacienda, y con lo que ya superaría los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, respecto a la imposibilidad de aumentos generales por encima del porcentaje de variación del mínimo legal vigente.
Por ejemplo, en el MEC se aprobó un ajuste adicional del 4% más el 12% ya previamente consensuado en las comisiones asesoras, lo que llevaría a un aumento total del 16%, desde enero del próximo año y que tendría un impacto total de US$ 155 millones en el PGN 2018.
Por otra parte, el sector de Salud también recibió un ajuste adicional del 8% para todo el funcionariado, que significará un impacto de US$ 19 millones en el 2018, considerando que la suba se aplicaría, según lo aprobado, desde el segundo semestre del próximo año. Si se tiene en cuenta el impacto en un año completo sería de unos US$ 38 millones.
Entre lo ya mencionado de Salud y Educación, además del reajuste para funcionarios de la ANDE y administrativos de la UNA, entre otras instituciones, el gasto de salario aprobado ayer por los senadores orilla los US$ 80 millones. Cabe señalar que algunos de estos ajustes fueron con base en reestructuraciones, pero en otros casos aún falta la contrapartida, para lo cual hoy continuará la sesión a partir de las 09:00, donde finalmente se verán recortes a rubros como bocaditos, viáticos y otros que involucren principalmente recursos del Tesoro. Hasta ahora se tiene financiado el 50% de los aumentos de salarios aprobados ayer.
Ministra siguió sesión
La ministra de Hacienda, Lea Giménez, quien siguió la sesión desde el palco, se retiró visiblemente afectada por la decisión del Senado de elevar aún más el plan de gastos con sus modificaciones. Sin embargo, evitó dar declaraciones pese a la insistencia de la prensa. Estas modificaciones dejan en un aprieto a la cartera estatal en el cumplimiento de uno de los requerimientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Si bien se realizaron recortes por cerca de G. 400.000 millones, una gran parte corresponde a recursos de financiamiento propio de las instituciones (Fuente 30), como el caso de Petropar, que sufrió un recorte de G. 120.000 millones.
En lo que respecta a la emisión de bonos soberanos, aunque en principio hubo resistencia, finalmente fue aprobado por la totalidad de los US$ 600 millones, de los cuales el 50% se destinará al pago de deudas.
Rector de UNA celebra suba
El rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Abel Bernal, celebró anoche la ampliación presupuestaria de G. 22.000 millones que será destinada a subas salariales para funcionarios administrativos de la casa de altos estudios, pero recién desde el segundo semestre del 2018. Por su parte, el sindicalista de la UNA Felipe Santiago Villalba dijo que no estaban contentos con la ampliación presupuestaria, “por la sencilla razón de que es poco lo que se ha conseguido”. No obstante, sostuvo que respaldan la gestión del rector, y repudió que sus compañeros hablen en forma paralela de iniciar una huelga en forma “irresponsable”. Indicó que solicitarán participar en la tripartita para influir en “cómo se va a repartir la plata”.
Habrá segunda vuelta
Tras la aprobación con modificaciones del proyecto de Ley de Presupuesto General de gastos de la Nación por parte de la Cámara de Senadores, el texto debe volver a la Cámara de Diputados, que tiene 10 días para pronunciarse exclusivamente sobre los puntos discrepantes. Si en esta instancia se aceptan las modificaciones, el texto queda sancionado y se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. En caso de que se ratifique en algunos de los puntos modificados, el proyecto vuelve al Senado, que tendrá la última palabra y que igualmente tendrá un plazo de 10 días para expedirse a partir de la entrada del proyecto por secretaría de la Cámara Alta.