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La investigación de la muerte de Quintana está a cargo de la fiscala Lorena Ledesma, quien había incautado los audios originales de las conversaciones que se hicieron por la frecuencia de radio interna de la Policía entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril.
Hasta ahora el comando institucional, encabezado por el comandante interino Luis Rojas, se resiste a revelar quién autorizó el mortal ataque de los cascos azules al directorio del PLRA y quién ordenó la movilización de los agentes de civil de Investigación de Delitos.
La tesis que maneja el Ministerio Público es que tuvo que haber un oficial superior, ya sea comisario, comisario principal o comisario general, que ordenó a los cascos azules que atracaran a balazos al PLRA.
En el asalto de los antidisturbios cayó muerto, con un tiro de escopeta, el joven Rodrigo Quintana Arrúa, presidente de la Juventud Liberal del distrito de La Colmena, departamento de Paraguarí. El único imputado hasta ahora, al menos por la muerte del joven liberal, es el suboficial ayudante Gustavo Adolfo Florentín Silva (26), personal de la Agrupación de Seguridad, cuyo cuartel funciona en la propia Comandancia.
El citado efectivo, señalado de haber disparado la escopeta cargada con balines de plomo, nunca debió haber salido del Cuartel Central de la Policía porque estaba bajo arresto por un caso de violencia doméstica.
Este hecho a su vez podría configurar la figura de liberación de presos, que sería utilizada para imputar al o los jefes que lo dejaron salir o que le ordenaron a Florentín que saliera de su unidad para defender el Congreso Nacional, ante los disturbios que se generaron por la intención reeleccionaria del presidente de la República Horacio Cartes.
Sospechosos
El principal sospechoso es el ahora excomandante de la Policía Críspulo Sotelo, quien según el presidente del PLRA, Efraín Alegre, recibió dicha orden de parte del influyente tabacalero José Ortiz, gerente de las empresas del presidente Cartes. Sotelo ya declaró en carácter de indagatoria por la muerte de Rodrigo, ante la fiscala Lorena Ledesma, y este martes tendrá que hacerlo también ante el fiscal Eugenio Ocampos, quien a su vez investiga el ataque, la quema y el saqueo del Congreso.
En principio, el Gobierno de Cartes, a través del Ministerio del Interior, había difundido unos audios del comisario general Luis Cantero (número tres de la Policía), quien efectivamente ordenó por radio no entrar al PLRA. Sin embargo, la fiscalía comprobó posteriormente que esa orden fue dada 40 minutos después de que Rodrigo cayera muerto.
Es decir, quedó desbaratado el montaje del Gobierno Nacional.
Ya declararon 19 guardias
El ataque, la quema y el saqueo del edificio del Congreso Nacional, ocurridos en la noche del viernes 31 de marzo, horas antes del mortal asalto de la Policía al PLRA, también motivaron la declaración testifical de 19 guardias de seguridad de la sede del Poder Legislativo.
Esta causa, a cargo del fiscal Eugenio Ocampos, busca determinar quién o quiénes encabezaron el atropello y establecer las responsabilidades penales de cada uno. De momento, hay una veintena de imputados, muchos de ellos opositores al Gobierno nacional.