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Ramírez se escuda en una nota entregada por un grupo de 228 funcionarios, quienes pidieron al legislador no proveer a los medios de comunicación la nómina de los trabajadores de la institución.
Los firmantes de la misiva invocan el art. 33 de la Constitución Nacional, que versa sobre el “derecho a la intimidad”, sin embargo, sus nombres y salarios deberían ser públicos considerando que sus salarios son pagados con dinero del Estado.
Al negar información a la prensa, Ramírez viola el art. 28 de la Constitución que señala “las fuentes públicas de información son libres para todos”.
En el Senado, el presidente Julio César Velázquez (ANR) asumió la misma actitud que su colega de la Cámara Baja.