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La normativa debe entrar en vigencia este 7 de setiembre y ahora el presidente de la República Horacio Cartes tiene en sus manos promulgar o no la postergación de prescripción de los casos a los tres años.
“Caos judicial”
El parlamentario explicó que de no postergarse la ley conocida como Guastella varios procesados pedirían la extinción de los casos en base al artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla de la irretroactividad de la ley y que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado. Esto provocaría impunidad de varias causas además de un caos en la administración de justicia.
Petta manifestó que es necesario pedir la derogación de la normativa a fin de evitar el problema de los plazos procesales.
La cuestionada Ley N° 4669/12 prácticamente es un premio a las chicanas, pues precisamente la mayoría de los beneficiados con la reducción de los plazos son aquellos procesados que hicieron de todo por dilatar sus causas.
Entre las causas que pretenden beneficiarse con dicho reglamento son de narcotráfico, corrupción, evasión de impuestos y contrabando.