Cargando...
PILAR (Clide Noemí Martínez, corresponsal). Montenegro declaró a nuestro diario que en caso de darse un episodio catastrófico, Pilar y otras ciudades cercanas deberán ser totalmente evacuadas y sus habitantes migrar definitivamente hacia zonas más alejadas. Aclaró que las consecuencias de un accidente atómico se proyectan a más de 500 kilómetros a la redonda y la radiación permanece por miles de años.
Agregó que la provincia de Formosa y el Paraguay han sido seleccionadas como “Zona de Sacrificio”, sin que sus habitantes hayan sido consultados. Refirió que el gobierno argentino pretende realizar un experimento atómico, con el propósito de exportar posteriormente estas plantas nucleares a otras partes del mundo.
Comentó que este “negocio” ha encontrado al territorio formoseño como el más apto para las pruebas, considerando que sus autoridades avalan este experimento nuclear. Lamentó que deban ser los ecologistas, quienes informen a la población de los alcances de este proyecto, considerando que el Gobierno argentino mantuvo ocultos los detalles del proyecto Carem para evitar la reacción de los pobladores de la región.
Peor que Chernobyl
El experto argentino resaltó la extrema peligrosidad del experimento nuclear de Formosa. Manifestó que se trata de una planta nuclear de 150 megavatios con tecnología que jamás ha sido probada en otro sitio.
Expresó que los riesgos se irán sumando con el curso de los años, ya que los desechos nucleares se irán acumulando en el lugar.
Explicó que un accidente no solo se puede dar por causas internas. “No se puede descartar un atentado terrorista, que podría tener consecuencias más catastróficas que las de Chernobyl y Fukushima.
Alertó, igualmente, sobre las consecuencias inmediatas en la economía regional la instalación de una Planta Nuclear en la zona.
Dijo que será una amenaza permanente, que afectará a todas las actividades, como sucedió en experiencias anteriores.
Afirmó que la elección de la provincia de Formosa se debería a la concentración del poder que tiene el gobernador Gildo Insfrán, quien avala la iniciativa del Gobierno argentino.