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Kattya González declaró ayer a ABC Cardinal 730 AM que la causa contra el fiscal general del Estado “con permiso” Javier Díaz Verón no puede llevarse de manera tan hermética, ya que hasta el momento se desconoce si se llegó a realizar alguna diligencia. “Es sumamente grave, se maneja de forma secreta y, al ser una investigación de interés público, debe haber una comunicación directa con la prensa”, agregó la abogada.
Además de presentar una ampliación a la investigación que supuestamente lleva adelante Yolanda Portillo contra Díaz Verón, reiteró su deseo y predisposición de colaborar con la investigación en carácter de voluntaria. El fiscal general se vio obligado a presentar un cuestionado “permiso” para evitar el juicio político en el Congreso. No solo se autosolicitó “permiso” sino también designó a su reemplazante el fiscal adjunto de Alto Paraná y de la Unidad Antisecuestro, Alejo Vera.
Para Kattya González, el fiscal Vera “hace cinco años está recaudando para la Corona” en la circunscripción de Ciudad del Este.
“Si Alejo Vera quiere hacer algo diferente, tiene que convocar a una reunión con la sociedad civil, debe haber una apertura de datos públicos, transparencia de gestión. No se puede manejar estos asuntos con secretismo”, sentenció.
Manifestó que se le debe imputar a Díaz Verón, ya que existen serias sospechas de enriquecimiento ilícito y además se le deben aplicar medidas como una orden de no acercarse al Ministerio Público. “Con este permiso que él se dio, no se garantiza nada”, lamentó la abogada.
Nuevo elemento
Un nuevo elemento se sumó ahora a los supuestos hechos de corrupción cometidos por Díaz Verón. Entre 2013 y 2016 la esposa y los hijos del fiscal general del Estado integraron capital en efectivo (es decir en dinero y no en bienes) por G. 3.000 millones en dos empresas: Canto Rodado SA y Salty River SA, según escrituras públicas a las que accedió nuestro diario.
Díaz Verón había declarado a un medio televisivo a al regreso de sus vacaciones por Cancún y Miami que no invirtió en ninguna empresa y que las publicaciones eran falsas. Sin embargo, las pruebas que posee ABC Color le desmienten.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados podría convocar a una sesión extra para analizar de nuevo un pedido de juicio político para Díaz Verón, sin necesidad de esperar que asuman los legisladores electos el 22 de abril próximo.
Cuestionado “permiso”
Presionado por un juicio político en el Congreso en puertas, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón se vio obligado a oficializar el martes 23 de enero pasado, ante sus colaboradores, su autopedido de “permiso” y fundamentó su resolución en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que en su primera parte reza: “En caso de enfermedad o cualquier ausencia temporal, el fiscal general del Estado será reemplazado interinamente por el fiscal adjunto que él determine”.
Para Díaz Verón, el indicado es Alejo Vera.