Actual viceministro de la SEN fue el “verificador” de las desalinizadoras

El actual viceministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Jorge Arturo Herreros, debe ser investigado por la Fiscalía por haber sido contratado, en enero de 2011, como coordinador de la Unidad Hábitat en Riesgo, afirmó el diputado de PQ Carlos Soler. Su función era verificar el correcto funcionamiento de las plantas.

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Según una documentación a la que accedió nuestro diario, el arquitecto Jorge Arturo Herreros, actual viceministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), fue contratado el 31 de enero de 2011 por la entonces ministra de la institución Gladys Cardozo.

El contrato establecía su calidad de Coordinador de la Unidad Hábitat en Riesgo para prestar servicios profesionales consistentes en la planificación, organización, dirección, coordinación y monitoreo de programas, proyectos y acciones ejecutadas.

El punto 2.6 del contrato en la sección “Actividades y alcance de los servicios” del arquitecto era el diseño, junto con los miembros de la Unidad de Hábitat en Riesgo, del correcto funcionamiento de las plantas desalinizadoras. Además debía brindar el apoyo a la SEN en la asistencia técnica con el manejo eficiente de los equipos de desalinización y el apoyo y seguimiento a la conformación de un equipo técnico para el mantenimiento del complejo de producción de agua.

Según la denuncia presentada por los diputados Carlos Soler y Sebastián Acha, el Estado sufrió un perjuicio de más de G. 5.000 millones y se destaca que de las dos desalinizadoras, solo la de Villa Choferes del Chaco funciona, pero a medias.

Según los datos manejados por los denunciantes, la citada planta solo alcanza a producir 60.000 litros diarios de agua, pese a que debieron generar 200.000 litros por día.

La presentación se realizó hace un año con base en el informe final de la auditoría que realizó la Contraloría General en las dos plantas, cuyo resultado fue remitido a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la denuncia, el ente contralor detectó que en la construcción de ambas plantas existe un sobrecosto de G. 224 millones. El fiscal René Fernández investiga el caso.

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