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“El reclamo monetario existe, para que vean quiénes dicen la verdad y quiénes mienten. La defensa de Arrom y Martí miente, lo hicieron siempre. Queda claro que se pidió el dinero. Y desde la descalificación y el insulto, la defensa de Arrom y Martí decían que no se había pedido esa plata”, expresó ayer el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en Palacio de López.
Fue al ser consultado sobre la confirmación que los prófugos de la justicia Juan Arrom y Anuncio Martí reclaman la indemnización de 63 millones de dólares en juicio que entablaron ambos contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por su presunta desaparición forzada y tortura en el 2002.
De acuerdo con datos oficiales, solo Juan Arrom solicita US$ 20 millones. Los familiares de Juan Arrom piden US$ 14 millones. En tanto, Anuncio Martí solicita US$ 20 millones. Sus familiares piden US$ 8 millones. En total la suma asciende a US$ 63 millones.
Si bien el informe 100/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no especifica montos de indemnización, los abogados de Juan Arrom negaron que solicitaron la elevada suma.
Villamayor señaló que el reclamo monetario sí existe y los abogados de Arrom y Martí “estaban negando”. Indicó que ahora queda que el Estado paraguayo “demuestre en el terreno” sus argumentos en el juicio que está en proceso ante la Corte IDH en Costa Rica.
Señaló que existen serias contradicciones en el juicio ante la Corte IDH y eso impediría que el Estado sea condenado por este hecho. Relató que están a la vista responsabilidades personales en la actuación de los policías y que los mismos fueron procesados y sobreseídos por la justicia. Agregó que no puede existir inacción del Estado.
Arrom y Martí se fugaron al Brasil en el 2003 cuando estaban siendo procesados por el secuestro de María Edith de Debernardi (2001) y en el vecino país consiguieron refugio (gobierno de Lula da Silva).
Los plazos del juicio en OEA
La audiencia pública en la Corte IDH, en el caso Arrom será el 7 de febrero próximo en San José de Costa Rica.
El 6 habrá una audiencia privada de los representantes del Estado paraguayo con el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También resolvió comunicar a los representantes, al Estado y a la CIDH que cuentan con un plazo hasta el 8 de marzo de 2019 para presentar sus alegatos escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares y eventuales de fondo, reparaciones y costas en el presente caso.