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La atención está centrada en Abdo Benítez, que como líder de Colorado Añetete, puede resolver la suerte del senador Amarilla, haciendo que la bancada oficialista (ocho miembros) de la Cámara Alta apoye el pedido de pérdida de investidura del parlamentario liberal.
Amarilla está involucrado en el escándalo de la adjudicación –por el momento suspendida– de un servicio de seguridad al IPS por G. 140.000 millones. En el caso, Amarilla participó para “ayudar” a su amigo Óscar Chamorro Lafarja, dueño de una firma de seguridad favorecida, y estuvo en la reunión en que intentaron sobornar al periodista de nuestro diario Juan Carlos Lezcano para dejar de hacer publicaciones sobre el multimillonario contrato.
Abdo Benítez se muestra dubitativo sobre el respaldo del bloque oficialista a la solicitud de expulsión de Amarilla. Alegó que tienen que analizar la situación y que lo harán en una reunión de la bancada de Colorado Añetete hoy o mañana.
Aunque trató de desmarcarse del bochornoso caso, recordó que tienen un pacto con el bloque liberal llanista del Senado que viene ya del año pasado cuando este sector del PLRA apoyó la designación de Silvio Ovelar en la presidencia del Congreso. Aseguró el Presidente que el acuerdo político no tiene vinculación con la cuestión de Amarilla.
El mandatario deberá optar por priorizar el pacto político o mantener una postura coherente con su discurso del combate a la corrupción “caiga quien caiga”.
Una postura ambigua, que muchas veces toma con la excusa de que él es un líder que no baja línea a las bancadas oficialistas del Congreso, será interpretada como una protección a Amarilla y que prefiere los pactos sin importar los costos en credibilidad e imagen de su gobierno.
Para el Ejecutivo soltarle la mano a Amarilla podría significar la pérdida de apoyo del grupo llanista (9 senadores) y además sumaría otro voto en contra si se produce la expulsión del cuestionado parlamentario y este es reemplazado por el suplente Eusebio Ramón Ayala (efrainista).
En fuentes parlamentarias se estima que ya hay alrededor de 20 senadores que apoyarán la pérdida de investidura de Amarilla.
Muchos consideran que de llamarse a una sesión extraordinaria y se lograrse el quorum de 23 presentes, la expulsión del senador llanista es un hecho, porque la decisión se asumirá por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).
La sesión extra sería entre mañana y el miércoles.
El pedido de pérdida de investidura de Amarilla fue planteado el jueves pasado a la Cámara Alta por las bancadas de los partidos Patria Querida, PLRA (sector efrainista), Hagamos y la multisectorial Frente Guasu.
Ya el miércoles, la titular de la Comisión Escrache Ciudadano, Esther Roa, presentó al Senado una nota en que solicitó iniciar el proceso de expulsión del legislador llanista con el argumento de que utilizó indebidamente sus influencias de parlamentario para beneficiar a la empresa de un amigo.
La reacción de la activista ciudadana fue tras conocerse el intento de soborno a Lezcano. Amarilla reconoció que trató de ayudar a su amigo empresario Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro, pero negó ser parte del intento de soborno.
Entre los senadores que apoyan la expulsión de Amarilla están los colorados cartistas Enrique Riera y Sergio Godoy.
Falta también conocer la postura que tendrán los miembros de la bancada independiente, los colorados Lilian Samaniego, Derlis Osorio y Mirta Gusinky.
Los “rajados” de la Cámara Alta
Varios políticos involucrados en hechos de corrupción ya fueron expulsados del Senado, mediante la presión ciudadana ejercida con manifestaciones de protestas masivas y escraches. El colorado cartista Óscar González Daher, actualmente preso, fue expulsado en el 2017 por direccionar sentencias judiciales y en el 2018 tuvo que renunciar ante su inminente “raje” por segunda vez. Así también lo hicieron el año pasado el oviedista Jorge Oviedo Matto y este año el colorado cartista Víctor Bogado. Están en la mira Dionisio Amarilla y Javier Zacarías Irún (ANR). En Diputados también hubo expulsiones.