A 7 días del juicio Arrom-Martí

El jueves 7 de febrero en San José de Costa Rica, sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevará a cabo la audiencia pública en juicio contra el Estado paraguayo promovido por Juan Arrom y Anuncio Martí, por supuesta tortura y secuestro. Ambas personas aspiran a una indemnización de 63 millones de dólares.

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Ese día se presentarán ante la Corte los representantes del Estado paraguayo y los representantes de Arrom y Martí. Cada parte podrá hacer una exposición de sus alegatos correspondientes, y luego habrá un tiempo para las contestaciones que puedan plantearse.

“Paraguay va a decir que la investigación que llevó adelante el Ministerio Público fue una investigación regular, que no fueron agentes del Estado los que habían sido sindicados por Arrom y Martí (los comisarios Antonio Gamarra y José Schémbori y José Cazal), que ellos fueron sobreseídos correctamente, que no participaron de los alegados hechos de tortura y desaparición forzada”, comentó el abogado Renzo Cristaldo, procurador delegado.

En todo esto, añadió, Paraguay podrá presentar el testimonio oral del exfiscal general Óscar Latorre y el fiscal Édgar Sánchez. También se presentarán declaraciones juradas por escribanía de los testigos Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín, exfiscales.

En cuanto a Juan Arrom, la Corte permitió a Juan Arrom (vía teleconferencia) y a una de sus hermanas presentar testimonio oral. En el caso, otros 20 testigos de los supuestos torturados presentarán sus declaraciones escritas bajo juramento.

Terminada la audiencia señalada, el proceso continúa el 8 de marzo.

“La Corte te da la posibilidad de presentar alegatos escritos si algo se te escapó. El 8 de marzo se presentan los alegatos escritos y luego queda por resolver”, dijo el procurador delegado a nuestro diario.

Según Cristaldo, la Corte IDH no tiene un plazo fijo para definir el caso, pero él espera que eso ocurra antes de fin de año.

Arrom y Martí huyeron del país a mediados del 2003, cuando estaban a punto de ser sometidos a juicio oral por el secuestro de María Edith de Debernardi acaecido en el 2001.

En el Brasil, los prófugos obtuvieron el estatus de refugiados desde finales del 2003, otorgado bajo el entonces gobierno del presidente Lula da Silva.

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