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El proyecto que modifica la Ley 6355 y hace públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios estatales, debe ser estudiado por la Cámara de Diputados el próximo martes, cuando faltarán solo dos días para su entrada en vigencia. Sin embargo, se mantiene el suspenso sobre si se contará o no con los votos suficientes para aprobar las modificaciones introducidas ya el año pasado por el Senado.
En ese sentido, los votos de los colorados oficialistas y cartistas terminará definiendo el rumbo del plan de ley.
En Diputados, los votos del abdismo y del cartismo, que suman 43 de un total de 80, son clave para aprobar el proyecto de ley que ya cuenta con la aceptación del Senado. Sin embargo, fuentes consultadas señalan que no existe mucho interés en aprobar la norma y que, incluso, a la negativa de los colorados se suman liberales de varios sectores.
El proyecto aprobado en el Senado propone que cualquier ciudadano pueda acceder a los detalles, a través de internet, de los bienes y rentas declarados por los funcionarios públicos.
Hasta el momento, solo han manifestado su apoyo público a esta iniciativa los tres diputados de Patria Querida, los dos del Encuentro Nacional, tres liberales y el colorado Ramón Romero Roa. Para sancionar se requieren 41 votos.
Contra el “legado” de HC
De votar en contra de la aprobación, los diputados cartistas irían contra el “legado” de transparencia que ellos dicen hizo el gobierno de Horacio Cartes. Los entonces presidente y miembros de gabinete siempre resaltaron la aprobación de leyes de transparencia como éxito de su gobierno. Sin embargo, ahora sus diputados están en contra de que la transparencia avance.
Contra promesa de Abdo
Entre los más férreos opositores al nuevo proyecto de modificación de la Ley 6355 se encuentran varios diputados de Colorado Añetete, el movimiento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Cuando la versión actual de la ley tuvo sanción ficta, en junio último, el propio presidente Abdo Benítez prometió que presentarían un nuevo proyecto para que el acceso a la información pública sea real.
Entraría en vigencia
La intención de un grupo de diputados es evitar que la norma que fue promulgada en agosto pasado entre en vigencia el 6 de febrero próximo, considerando que la norma dispone que solo con orden judicial se podrá acceder a las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios.