El fallo había sido apelado por los abogados Diego Bertolucci y Ramón Sosa Azuaga, en representación de Arrom y Martí, actualmente prófugos de la justicia.

La resolución, firmada por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Luis María Benítez Riera, señala que no hay posibilidad de que los agentes sean juzgados en un juicio oral y público, debido a que los fiscales Rubén Villalba, Edgar Sánchez y Adolfo Marín solicitaron el sobreseimiento de todos los procesados.

Al fundamentar su decisión de no presentar acusación, la fiscalía argumentó la existencia de contradicciones que no permiten establecer la responsabilidad de los agentes en el hecho investigado. A modo de ejemplo, citan que Arrom dijo haber sido secuestrado el 17 de enero del 2002, tras lo cual permaneció en cautiverio hasta el 30 de enero del mismo año; sin embargo, existen constancias de que ha denunciado el extravío de documentos en una comisaría el 19 de enero del mismo año, durante un viaje de Asunción a Itá.

"La regla dice en forma categórica: Si no hay acusación estatal, no hay condena", señala la Cámara en su resolución, al confirmar el fallo.