Ante su inminente suspensión por la Corte Suprema, Villalba prefirió presentar renuncia al cargo y también evitar así el proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que le ha abierto una investigación en base a las publicaciones que fueron realizadas por nuestro diario.

Durante la plenaria de ayer, los ministros consideraron la renuncia de Villalba y la admitieron sin dudar, de acuerdo a fuentes del Poder Judicial. Los integrantes del alto tribunal igualmente habrían determinado remitir los antecedentes del caso a la justicia ordinaria para una investigación.

El juez de Pedro Juan, en el 2002, durante la presidencia de Fernández Gadea (destituido del cargo por mal desempeño), entregó al Poder Judicial un avión que había sido decomisado en la zona de Capitán Bado con más de 20 kilogramos de cocaína, de acuerdo a los documentos del expediente.

El alto tribunal se apoderó del narcoavión en violación de la Constitución Nacional, las disposiciones internacionales y nacionales, según una denuncia que presentó ante la fiscalía el entonces procurador general Juan Carlos Barreiro Perrota. Sin embargo, el titular del Ministerio Público, Oscar Latorre, rechazó la grave acusación contra los entonces ministros.

La Corte, a través del entonces administrador general del Poder Judicial Luis Insúa Ego, incluso ordenó que se le cambiara el número de serie a la máquina en violación de la ley, que dice que solo las casas fabricantes son las que pueden hacer este tipo de modificaciones de las aeronaves.

La máxima instancia judicial, por otro lado, despilfarró más de G. 650 millones en la compra de dos motores para poner en marcha el narcoavión. Hasta ahora no se ha podido recuperar el dinero que gastó el máximo tribunal.

En octubre 2002, nuestro diario publicó un informe confidencial que Barreiro Perrota había remitido al entonces presidente de la República Luis González Macchi y en el que se le confirmó que la Corte se había apoderado de un narcoavión en complicidad con jueces complacientes, como Villalba.