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El fiscal Eduardo Cazenave se opuso al sobreseimiento definitivo de Alelí Silva, secretaria privada del presidente del Congreso Nacional Oscar González Daher, procesada por supuesta estafa al cobrar salarios de funcionarios fantasmas de la Justicia Electoral. La presentación fue realizada en la tarde de ayer.Conforme a la hipótesis planteada por el Ministerio Público, se tiene que "la señora Alelí Monserrat Silva Cuevas, con la intención de quedarse con los salarios de once supuestos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, del dinero asignado por el Presupuesto General de Gastos de la Nación; los utilizó, en el sentido de hacer creer al ente estatal que los mismos cumplían funciones normalmente y, por lo tanto, debían recibir la remuneración mensual correspondiente".
"Ese dinero que iba a parar en su patrimonio personal, pues era ella misma quien realizaba las extracción del dinero acreditado a las cuentas correspondientes, conforme los elementos recabados en la presente etapa de investigación (informes remitidos por el Banco Itaú)", refiere el escrito de Cazenave.
Agrega que la perjudicada es la Justicia Electoral: "En ningún momento esta representación fiscal se planteó que los denunciantes fueran las víctimas del hecho punible".
Sigue diciendo: "En lo que hace al Sr. Juan Andrés Silva Cuevas, este se encargó de llevar a los supuestos funcionarios hasta la sede del Banco Itaú para retirar sus respectivas tarjetas de débito con los personal identification number (PIN) correspondientes, los que luego eran retenidos por el mismo y entregados a la Sra. Alelí Silva Cuevas, para así asegurar que los salarios sean retirados por Alelí Silva Cuevas y se perfeccione el hecho punible".
Enfatiza: Sobre la hipótesis mencionada; respecto de los elementos objetivos y subjetivos del hecho punible de estafa tenemos que los imputados Alelí Monserrat Silva Cuevas y Juan Andrés Silva Cuevas produjeron una manifestación falsa ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el sentido de afirmar que los once funcionarios mencionados cumplían funciones regularmente ante la entidad y correspondía que los mismos perciban sus salarios. En ese sentido, el ente estatal, como producto de ese engaño, acreditaba los salarios en las cuentas respectivas, disponiendo erróneamente así de su patrimonio".
El 14 de diciembre último, el fiscal Eduardo Cazenave detuvo a su hermano Juan Andrés Silva, durante un allanamiento de una vivienda ubicada en Nicaragua 1510 casi Perú de la capital.
Los agentes llegaron a Silva a través de informes de inteligencia que revelaron que hace meses el sujeto extraía de varios cajeros automáticos los salarios de al menos 12 funcionarios "fantasmas" del TSJE.
Los sueldos de los planilleros oscilan entre G. 900.000 y G. 1.800.000, de los cuales los titulares de las tarjetas recibían unos G. 200.000 cada tanto.
Un proceso favorable
La situación procesal de Alelí Silva fue mejorando gradualmente.
La mujer, quien estaba prófuga desde el pasado 14 de diciembre, se presentó ante el juez Hugo Sosa Pasmor el 3 de enero de este año.
El magistrado ordenó su prisión en la comisaría de mujeres.
No pasó mucho tiempo para que el mismo juez ordenara su arresto domiciliario.
El pasado 17 de enero, con oposición de la fiscalía, Alelí Monserrat Silva Cuevas y su hermano Juan Andrés Silva Cuevas obtuvieron la libertad ambulatoria de parte del juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, en el proceso abierto por estafa.
"Ese dinero que iba a parar en su patrimonio personal, pues era ella misma quien realizaba las extracción del dinero acreditado a las cuentas correspondientes, conforme los elementos recabados en la presente etapa de investigación (informes remitidos por el Banco Itaú)", refiere el escrito de Cazenave.
Agrega que la perjudicada es la Justicia Electoral: "En ningún momento esta representación fiscal se planteó que los denunciantes fueran las víctimas del hecho punible".
Sigue diciendo: "En lo que hace al Sr. Juan Andrés Silva Cuevas, este se encargó de llevar a los supuestos funcionarios hasta la sede del Banco Itaú para retirar sus respectivas tarjetas de débito con los personal identification number (PIN) correspondientes, los que luego eran retenidos por el mismo y entregados a la Sra. Alelí Silva Cuevas, para así asegurar que los salarios sean retirados por Alelí Silva Cuevas y se perfeccione el hecho punible".
Enfatiza: Sobre la hipótesis mencionada; respecto de los elementos objetivos y subjetivos del hecho punible de estafa tenemos que los imputados Alelí Monserrat Silva Cuevas y Juan Andrés Silva Cuevas produjeron una manifestación falsa ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el sentido de afirmar que los once funcionarios mencionados cumplían funciones regularmente ante la entidad y correspondía que los mismos perciban sus salarios. En ese sentido, el ente estatal, como producto de ese engaño, acreditaba los salarios en las cuentas respectivas, disponiendo erróneamente así de su patrimonio".
El 14 de diciembre último, el fiscal Eduardo Cazenave detuvo a su hermano Juan Andrés Silva, durante un allanamiento de una vivienda ubicada en Nicaragua 1510 casi Perú de la capital.
Los agentes llegaron a Silva a través de informes de inteligencia que revelaron que hace meses el sujeto extraía de varios cajeros automáticos los salarios de al menos 12 funcionarios "fantasmas" del TSJE.
Los sueldos de los planilleros oscilan entre G. 900.000 y G. 1.800.000, de los cuales los titulares de las tarjetas recibían unos G. 200.000 cada tanto.
Un proceso favorable
La situación procesal de Alelí Silva fue mejorando gradualmente.
La mujer, quien estaba prófuga desde el pasado 14 de diciembre, se presentó ante el juez Hugo Sosa Pasmor el 3 de enero de este año.
El magistrado ordenó su prisión en la comisaría de mujeres.
No pasó mucho tiempo para que el mismo juez ordenara su arresto domiciliario.
El pasado 17 de enero, con oposición de la fiscalía, Alelí Monserrat Silva Cuevas y su hermano Juan Andrés Silva Cuevas obtuvieron la libertad ambulatoria de parte del juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, en el proceso abierto por estafa.