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Fue durante una investigación dirigida por la fiscala Teresa Martínez, quien imputó a tres convictos. El titular de la prisión, Julio Acevedo, fue suspendido.El ministro Humberto Blasco dispuso la intervención del principal centro penitenciario del país ayer por la tarde, a través de la Resolución Nº 680, después que un trabajo investigativo a cargo de los fiscales Jorge Kronawetter y Teresa Martínez detectara la existencia de una posible red dedicada a la producción de materiales pornográficos que operaba dentro del reclusorio y que además involucraba la participación de menores de edad.
También se determinaron la suspensión del ejercicio en sus funciones del director del penal, Julio Acevedo, y el nombramiento como interventora a la titular de Institutos Penales, Olga María Blanco.
El ministerio también designó como responsable de la coordinación de todo el proceso de intervención al viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Carlos María Aquino.
El escándalo salió a luz después que la fiscala Martínez y agentes policiales realizaran un allanamiento en el pabellón "Libertad", cuya administración está a cargo de la Iglesia Menonita.
Los intervinientes requisaron tres equipos de computadora, dos aparatos celulares, dos pendrives, una cámara filmadora y numerosos discos compactos que aparentemente contenían materiales pornográficos.
La agente fiscal dispuso el traslado de todas las evidencias incautadas a la sede del Ministerio Público y abrió una carpeta investigativa.
Convictos implicados
La investigación fiscal implicó en el ilícito a dos internos, identificados como Jorge Abel Pereira Colmán (32) y Feliciano López López (57).
También incluyó en la investigación a Ismael Vázquez, quien se encuentra en libertad condicional después de que se le iniciara un proceso por abuso sexual.
De acuerdo a los datos suministrados por las autoridades penitenciarias, Pereira tenía acceso al equipo informático instalado en el pabellón "Libertad", supuestamente para seguir un curso a distancia de derecho por internet.
Sin embargo, y ante el supuesto desconocimiento de las autoridades, el recluso habilitó una cuenta en Facebook, donde inició contactos con numerosas mujeres atractivas, muchas de ellas menores de edad.
Fue así que comenzó a extorsionar a sus víctimas, a quienes intimaba a presentarse a la cárcel de Tacumbú y mantener relaciones sexuales. Si se oponían iba a tomar represalias contra ellas y que sus cómplices conocían las direcciones de su domicilio.
La fiscalía reportó que tres de las jóvenes fueron abusadas en el "pabellón C", que fue identificado por la pesquisa.
Fiscala imputa a tres sospechosos
La fiscala Teresa Martínez imputó ayer a la tarde a Feliciano López López, Jorge Abel Pereira Colmán e Ismael Vázquez, por producción de material pornográfico con participación de niños y coacción sexual.
Tanto López como Pereira se encuentran presos en la Penitenciaría Nacional, pero Vázquez está en libertad condicional, por lo que la fiscala ordenó su captura.
"Es una cosa que a mí me dejó totalmente indignada. Qué respuesta podemos dar a toda la gente si nuestro trabajo es identificar los hechos punibles y que luego sean condenados y una medida es la privación de libertad y con eso creemos que damos una respuesta y satisfacción a los ciudadanos", se lamentó la fiscala al señalar que todo esto ocurrió en un sitio que se encuentra bajo la tutela del Estado.
La fiscala, cuando hablaba de la responsabilidad de las autoridades, se echó a llorar como una muestra de impotencia ante la continua realización de estos hechos, ante la pasividad de las mismas autoridades.
También se determinaron la suspensión del ejercicio en sus funciones del director del penal, Julio Acevedo, y el nombramiento como interventora a la titular de Institutos Penales, Olga María Blanco.
El ministerio también designó como responsable de la coordinación de todo el proceso de intervención al viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Carlos María Aquino.
El escándalo salió a luz después que la fiscala Martínez y agentes policiales realizaran un allanamiento en el pabellón "Libertad", cuya administración está a cargo de la Iglesia Menonita.
Los intervinientes requisaron tres equipos de computadora, dos aparatos celulares, dos pendrives, una cámara filmadora y numerosos discos compactos que aparentemente contenían materiales pornográficos.
La agente fiscal dispuso el traslado de todas las evidencias incautadas a la sede del Ministerio Público y abrió una carpeta investigativa.
Convictos implicados
La investigación fiscal implicó en el ilícito a dos internos, identificados como Jorge Abel Pereira Colmán (32) y Feliciano López López (57).
También incluyó en la investigación a Ismael Vázquez, quien se encuentra en libertad condicional después de que se le iniciara un proceso por abuso sexual.
De acuerdo a los datos suministrados por las autoridades penitenciarias, Pereira tenía acceso al equipo informático instalado en el pabellón "Libertad", supuestamente para seguir un curso a distancia de derecho por internet.
Sin embargo, y ante el supuesto desconocimiento de las autoridades, el recluso habilitó una cuenta en Facebook, donde inició contactos con numerosas mujeres atractivas, muchas de ellas menores de edad.
Fue así que comenzó a extorsionar a sus víctimas, a quienes intimaba a presentarse a la cárcel de Tacumbú y mantener relaciones sexuales. Si se oponían iba a tomar represalias contra ellas y que sus cómplices conocían las direcciones de su domicilio.
La fiscalía reportó que tres de las jóvenes fueron abusadas en el "pabellón C", que fue identificado por la pesquisa.
Fiscala imputa a tres sospechosos
La fiscala Teresa Martínez imputó ayer a la tarde a Feliciano López López, Jorge Abel Pereira Colmán e Ismael Vázquez, por producción de material pornográfico con participación de niños y coacción sexual.
Tanto López como Pereira se encuentran presos en la Penitenciaría Nacional, pero Vázquez está en libertad condicional, por lo que la fiscala ordenó su captura.
"Es una cosa que a mí me dejó totalmente indignada. Qué respuesta podemos dar a toda la gente si nuestro trabajo es identificar los hechos punibles y que luego sean condenados y una medida es la privación de libertad y con eso creemos que damos una respuesta y satisfacción a los ciudadanos", se lamentó la fiscala al señalar que todo esto ocurrió en un sitio que se encuentra bajo la tutela del Estado.
La fiscala, cuando hablaba de la responsabilidad de las autoridades, se echó a llorar como una muestra de impotencia ante la continua realización de estos hechos, ante la pasividad de las mismas autoridades.