La jueza itinerante Blanca Gorostiaga fue denunciada por el diputado Efraín Alegre por haber liberado un cargamento de electrónicos valuado en unos 2 millones de dólares, ingresado al país por Ciudad del Este supuestamente de contrabando el 27 de setiembre del 2002.

El 6 de noviembre del año pasado, la magistrada dispuso la entrega de la mercadería al abogado Luis Humberto Arévalo, representante legal de los importadores procesados con relación al caso, sin establecer garantía alguna y sin realizar el inventario correspondiente.

Posteriormente, el Tribunal de Apelación, 4ª sala, revocó la resolución tras concluir que la misma se dictó en forma irregular, pero la fiscalía ya no pudo recuperar el cargamento debido a que las mercaderías sospechadas de contrabando fueron comercializadas en su totalidad.


La jueza Gorostiaga también congeló el pedido de juicio político al presidente Luis González Macchi en el proceso por el desvío de los 16 millones de dólares y liberó al directivo de Mavesa y Marpar, Martín Porro, luego de estar un año prófugo de la justicia.

Porro se presentó ante el juzgado acompañado del abogado Julio Fernández, hijo del ministro de la Corte Suprema Carlos Fernández Gadea y salió en libertad en menos de una hora.


A su vez, la jueza de liquidación y sentencia Ana María Arréllaga fue denunciada por el fiscal general del Estado, Oscar Latorre, por haber liberado a cuatro extranjeros, sin considerar la expectativa de pena y la falta de arraigo de los mismos en nuestro país.


En uno de los casos, Arréllaga dejó sin efecto el arresto domiciliario decretado contra los ciudadanos hindúes Hares Jamnadas Chandnani y Sunil Jamnad Turani, procesados por atentado contra la existencia del Estado, evasión impositiva y asociación criminal.


En el otro caso liberó a los ciudadanos chinos Wu Wen Huan y Lin Chih Feng, condenados en primera instancia a diez años de cárcel por evasión impositiva, sin ni siquiera esperar que se confirmara su intervención en el caso.