Los ministros Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Wildo Rienzi concluyeron que el fallo dictado en segunda instancia y atacado por la vía de la casación se halla perfectamente ajustado a las previsiones constitucionales y legales vigentes, además de indicar que se encuentra correctamente fundamentado.

En mayo pasado, tras la realización de un juicio oral y público, Villalba, Meza y Oviedo fueron condenados a 15 años de prisión y a 3 años de encierro, en carácter de medidas de seguridad a cumplirse una vez compurgada la condena. Así lo dispuso un tribunal de sentencia tras declararlos culpables del secuestro de María Edith.

La defensa de los acusados apeló la resolución, pero este fallo fue confirmado por la Cámara de Apelación, cuarta sala, que entendió que se probó con creces la responsabilidad de los condenados en el ilícito; además, señaló que está totalmente justificada la medida de seguridad.

Los condenados recurrieron a la Corte a través del recurso de casación en el que pidieron la absolución, tras señalar que los camaristas emitieron un fallo "confuso y desordenado" en el cual no se observaron las normas del debido proceso, ya que se impidió la substanciación de pruebas, además de la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad.

Los ministros de la Corte mencionaron que los recurrentes denotaron un manifiesto desconocimiento de la ley cuando aseveran que penas y medidas son sinónimos. Indicaron que la medida de seguridad busca proteger a la sociedad y tiene en cuenta la peligrosidad del autor, independientemente de la responsabilidad del ilícito cometido.

María Edith de Debernardi fue secuestrada el 19 de noviembre de 2001, cuando eran, aproximadamente, las 08:00, en el Parque Ñu Guazú. De ahí la trasladaron a una casa en Asunción, en donde la mantuvieron en cautiverio por 64 días.