Condenan a un sacerdote a ocho años de prisión

CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). En juicio sin precedentes condenan al cura párroco Juan Andrés López Sosa a una pena de 8 años de prisión por el crimen de abuso de menores. Un tribunal colegiado tomó anoche dicha decisión, luego de 12 horas de audiencia pública sobre un hecho que dividió a la comunidad de la cuasiparroquia San Antonio de Padua del barrio Remansito, lugar donde ocurrió el hecho en noviembre del año 2000.

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Un tribunal integrado por los jueces Antonio Alvarez Alvarenga, Carmen Teresa Barrios y Meneleo Insfrán Riveros resolvió anoche condenar al religioso a prisión por el caso de abuso sexual cometido contra el menor D.M.R.(13) cuando tenía un poco más de 11 años de edad.
De entre los tres magistrados, Insfrán Riveros votó por el levantamiento de la medida de libertad condicional al encausado y su vuelta inmediata a prisión, pero tuvo la oposición de los demás jueces, quienes optaron por la defensa en libertad.

El abogado Pablo Garosso, quien actuó en defensa del religioso, afirmó que apelaría la medida. La defensa alegó que las pruebas no eran suficientes contra su cliente, al sostener que pudieron haber sido sembradas.

La fiscalía representada por los fiscales Lulio Vicente Gamarra Medina y Manuel Trinidad Colmán solicitó 10 años de prisión para el encausado.

Vecinos del barrio Remansito se agolparon ante la sala de juicio oral y algunos de ellos manifestaron que el verdadero violador es un primo de la víctima. Este dato no obra en el expediente.

El caso data del 19 de noviembre del año 2000. Era un día domingo cuando el menor llegó hasta su domicilio con la versión de que fue violado. Su madre G.L. de R. denunció inmediatamente el caso ante la fiscalía del crimen de turno.

Ante la denuncia, el fiscal Manuel Trinidad Colmán ordenó la inspección médica por parte del forense Abilio Obregón, que dio como positivo. La constatación del abuso sexual derivó en la detención del religioso, quien luego de unos meses recuperó su libertad bajo medidas alternativas.

El incidentado proceso, que registró el hurto de evidencias del despacho del juez Leonardo Ayala Balmoris y el pedido de nulidad de una prueba de ADN efectuado por parte del Ministerio Público, tuvo su desenlace en dos años y nueve meses.
Durante todo ese tiempo el expediente recorrió la Cámara de Apelaciones y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se rechazó el pedido de nulidad de la audiencia preliminar llevada a cabo hace casi 8 meses.
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