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El juez Pedro Mayor Martínez sobreseyó al ex director jurídico del Industria Nacional del Cemento (INC) Rafael Rojas (ex relator de la Corte) en un caso de extorsión y presunto tráfico de influencias que salpicó a la primera dama Mercedes Lugo y al procurador general Enrique García, ya que se los había citado en la denuncia.
La fiscala Liliana Alcaraz solicitó el archivo del caso con relación a Rojas y también benefició a Ramón Luis Iturbe, y se impusieron las cosas al denunciante, Felipe Nery Páez.
La agente explicó que su colega Arnaldo Giuzzio imputó a los abogados Rojas, Iturbe y Enrique Arrúa (quien nunca se sometió al proceso y sigue rebelde) por indicios de extorsión de unos G. 500 millones, para que se finiquite la adjudicación de tierras a nombre del denunciante. Sin embargo, dijo que tras las desgrabaciones de conversaciones que mantuvieron los protagonistas se pudo corroborar que era el denunciante el que instigaba y ofrecía sumas de dinero a cambio de un dictamen favorable.
"Habíamos pedido el sobreseimiento provisional de los dos imputados porque faltaban las desgrabaciones de conversaciones, pero luego de tenerlas corroboramos que no hay hecho punible porque era el señor Felipe Nery Páez el que instigaba a las personas a que le pidan dinero", explicó Alcaraz.
De esta forma, Mayor Martínez consideró que hubo inexistencia del hecho punible.
Este caso saltó a la luz en marzo del año pasado y causó revuelo porque se hablaba de que el Estado debía abonar a Páez la suma de G. 5.100 millones por 506 hectáreas que el Instituto Nacional del Indígena (Indi) había adquirido en el año 2000 por tan solo G. 1.200 millones.
La fiscala Liliana Alcaraz solicitó el archivo del caso con relación a Rojas y también benefició a Ramón Luis Iturbe, y se impusieron las cosas al denunciante, Felipe Nery Páez.
La agente explicó que su colega Arnaldo Giuzzio imputó a los abogados Rojas, Iturbe y Enrique Arrúa (quien nunca se sometió al proceso y sigue rebelde) por indicios de extorsión de unos G. 500 millones, para que se finiquite la adjudicación de tierras a nombre del denunciante. Sin embargo, dijo que tras las desgrabaciones de conversaciones que mantuvieron los protagonistas se pudo corroborar que era el denunciante el que instigaba y ofrecía sumas de dinero a cambio de un dictamen favorable.
"Habíamos pedido el sobreseimiento provisional de los dos imputados porque faltaban las desgrabaciones de conversaciones, pero luego de tenerlas corroboramos que no hay hecho punible porque era el señor Felipe Nery Páez el que instigaba a las personas a que le pidan dinero", explicó Alcaraz.
De esta forma, Mayor Martínez consideró que hubo inexistencia del hecho punible.
Este caso saltó a la luz en marzo del año pasado y causó revuelo porque se hablaba de que el Estado debía abonar a Páez la suma de G. 5.100 millones por 506 hectáreas que el Instituto Nacional del Indígena (Indi) había adquirido en el año 2000 por tan solo G. 1.200 millones.