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Es lamentable que nuestro país siga siendo objeto de calificaciones negativas por parte de organismos internacionales. Este informe pone en entredicho el procedimiento policial para obtener declaraciones de personas indiciadas de incurrir en actos ilícitos o criminales. No es una novedad la información. Según informes de organismos de derechos humanos locales divulgados anualmente, aún persiste esa nefasta práctica policial contra personas indiciadas e incluso se mencionan casos concretos.
Este tema debería ser analizado con mucha seriedad y responsabilidad por parte de las autoridades responsables. Se debe respetar la integridad de las personas y ver la manera de recurrir a métodos más civilizados para tomar declaraciones a personas detenidas sin tener que recurrir a la tortura física y psicológica.
No es posible que en pleno siglo 21 la Policía siga con ese procedimiento para “sacar” declaraciones a las personas detenidas. Se podría recurrir, por ejemplo, “al suero de la verdad, al polígrafo y utilizar tecnología de punta”, al decir de la jueza de Ejecución Lourdes Scura.
El informe de la CIDH también refiere al hacinamiento en centros carcelarios, situación que afecta a “la absoluta mayoría de los países de la región”.
En el caso de nuestro país, esto tampoco es novedad. El ejemplo más claro está en la penitenciaría nacional de Tacumbú, donde la población carcelaria supera ampliamente la capacidad física del lugar.
Cuando las cárceles no reciben la atención ni los recursos necesarios, se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación. Se constituyen en centros de corrupción, desde donde se dirigen hechos delictivos, se trafica y se extorsiona. Todo eso ocurre, por supuesto, con la complicidad de encargados del resguardo y la seguridad del lugar y sus padrinos políticos.
Todo esto revelado por exconvictos.
Esa situación desnuda la falta de políticas públicas tendientes a mejorar la situación integral de los reclusos, de tal modo que esas cárceles se constituyan en centros de rehabilitación y no en lugares donde se perfeccionan el crimen y la delincuencia.
Es necesario y urgente implementar sistemas penitenciarios basados en el respeto a la condición humana de las personas privadas de su libertad. Para ello es preciso también construir y mejorar la estructura edilicia de las cárceles, mejor preparación y capacitación del personal de seguridad de esos lugares y aplicar experiencias como la gestión penitenciaria.