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Para su aprobación, el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley al Congreso. Caso contrario, la operación es ilegal y no obliga al Estado. De no cumplirse el requisito, no obliga al Estado y quedan responsables con sus bienes personales los funcionarios emisores.
Cabe resaltar que la emisión de bonos soberanos en Paraguay, por ser un asunto que atañe al Tesoro público y al “ordenamiento del crédito público” (Art. 202, numeral 12, CN), requiere de aprobación parlamentaria.
Aunque inexistente en nuestro ordenamiento jurídico, puesta en vigencia la Ley de Presupuesto del 2016 para el 2017, el ministro de Hacienda, en relación a la validez de los bonos, presentó una acción de “certeza constitucional”. No obstante, carente de competencia, la Sala Constitucional resolvió validar, para el 2017, provisoriamente su emisión.
Los bonos no fueron aún emitidos. Cuando ello ocurra, generará una notable crisis entre Poderes propiciando una agria discusión respecto a la competencia judicial.
Sobre la responsabilidad personal de los funcionarios en la emisión de deuda ilegítima, el maestro en Leyes Theodore Stimson rescata en su opinión (ABC Color del 26 de febrero de 2017) a Carlos M. Giuliani Fonrouge, experto en Derecho Financiero. Dice Fonrouge:
“…en los últimos tiempos se ha manifestado una tendencia a disminuir la autoridad del Poder Legislativo … se manifiesta por la absorción de facultades por parte del Poder Ejecutivo, y por otra, a la pasividad del Congreso frente a los avances de aquel … Por ello rechazamos el concepto de que en los empréstitos irregulares no puede hablarse de consecuencias jurídicas … Estas responsabilidades son amplias, civiles y penales…”.
En nuestro país el poder de turno está acostumbrado atropellar el marco jurídico con escasas consecuencias para sus promotores.
Los ejemplos abundan.
- En Itaipú, entre otros:
1) Sin ratificación parlamentaria, por una simple Nota Reversal entre Gobiernos, se consiguió modificar la misión de la Central Hidroeléctrica.
2) Pese a expresas disposiciones del Tratado, que iguala el costo del servicio de electricidad al costo de la producción, la entidad binacional produce un lucro indebido rotulado como gasto social.
3) Se comercializa energía en vez de potencia.
- En Yacyretá, entre otros:
1) Sin aprobación parlamentaria, Nota Reversal mediante, se reemplaza en 1992 el Anexo “C” del Tratado.
2) Hasta la fecha no se logra conciliar las cuentas de la entidad binacional con el Tesoro argentino.
3) Existe la presunción, gracias a la histórica conducta claudicante de nuestras autoridades, que las obras de Aña Cua ya son un hecho.
4) Se teme, y no sin razón, que Eriday, vinculada con los Macri, consiga coronar exitosamente su multimillonaria demanda contra Yacyretá.
Pese a todo, parece brillar la luz al final del túnel y en algún momento se tendrá que rendir cuentas y en ocasiones con el propio peculio.
Valga el ejemplo:
La constructora Odebrecht, eje del escándalo de Petrobras, y su filial Braskem aceptaron pagar multas por US$ 3.500 millones a los Estados Unidos, Suiza y Brasil para cerrar un caso relacionado con sobornos.
Odebrecht se declaró culpable y aceptó que pagó unos US$ 788 millones en sobornos a funcionarios de los países mencionados.
Todo para obtener contratos y licitaciones por más de una década, advirtió el Departamento de Justicia norteamericano. Los sobornos se extendieron a países de África y América Latina, entre ellos, Venezuela, Perú, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia y Guatemala. Odebrecht pagará una multa de US$ 2.600 millones. Estados Unidos recibirá el 10% y Suiza otro 10%; el 80% restante, quedará para Brasil.
Braskem, petroquímica brasileña, pagará un total de US$ 957 millones. Brasil recibirá el 70% del valor de la multa; Estados Unidos y Suiza recibirán el 15% cada uno.
Es por todos reconocido que al crimen organizado hay que atacar en su bolsillo. Es de esperar que acusen recibo aquellos facinerosos que timbean con los altos intereses nacionales.
juanantoniopozzo@gmail.comv