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En Brasil
En el vecino país no se salvan de la justicia ni políticos ni empresarios. La clave es “su independencia”, afirmaba recientemente en Infobae Darío Mizrahi. Durante muchos años, señalaba Darío, la justicia brasileña funcionó de manera diferente al estar “plagada de los peores vicios de la política, y era impensable que pudiera actuar como lo viene haciendo en las últimas causas”.
Al superar la justicia la insalvable barrera, que otorgaba rienda suelta a la corrupción, los bandidos públicos y privados están con la barba en remojo al llegar el momento de rendir cuentas de sus trapisondas.
Al respecto, en un mea culpa sin precedentes, la empresa Andrade Gutiérrez, la segunda mayor constructora del país, hizo público el 9 de mayo de 2015 un “pedido de disculpas” por los sobornos en Petrobras y fraudes al Estado.
Por las sobrefacturaciones de obras para estadios del Mundial de Fútbol de 2014 se comprometió a devolver 1.000 millones de reales, unos US$ 287 millones.
En su manifiesto por un “Brasil mejor”, la megaconstructora, con aparente humildad, admite delante de la sociedad brasileña sus errores y dice que está dispuesta a reparar los daños causados al país y a su propia reputación. Todo ello días antes de que el Senado vote por la apertura del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas.
En Paraguay
Mientras, la justicia en Paraguay se debate en juicios a magistrados prevaricadores quienes tratan de demostrar su inocencia como gato panza arriba. Los que debieran sostener al Estado, marcando las pautas de convivencia social, están inmersos en el fango grosero de la corrupción, repetitiva circunstancia que comparte con funcionarios públicos u otras autoridades gubernamentales corrompidas.
El persistente atavismo, desde la Guerra Guasu, que apela a la seguridad nacional para justificar la entrega de nuestra soberanía energética en Itaipú y en Yacyretá, también afecta a nuestros jueces. Sin embargo, en sus casos no es el temor de poner en peligro la seguridad de la patria sino sus descomunales bolsillos profundos.
Metidos en todo, desde incluir en las nóminas estatales a sus parentelas hasta la impertinente mentira para continuar en sus bien remunerados cargos, destruyen el estado de derecho, prostituyen con su mal ejemplo la meritocracia y arrastran a la juventud con sus vicios obnubilados por el poder de facto.
Agregaba Darío Mizrahi, en Infobae, que los jueces están en condiciones de aplicar la ley y la Constitución de modo republicano e igualitario. Su formación técnica, la poca dependencia de favores políticos y las garantías constitucionales –solo pueden perder el cargo por sentencia judicial definitiva e inapelable, pudiendo ser removidos por comprobado interés público– les permite actuar con un alto grado de independencia, afirma.
¿Y nuestra justicia? Es hora de que nuestros magistrados, como muestra inicial de su independencia, dejen de blindarse jurídicamente. En particular a aquellas empresas binacionales hidroeléctricas y junto con la Contraloría General de República se esmeren en desentrañar los recónditos contratos de Itaipú, cuya inflada deuda hipoteca hasta el año 2023 el futuro del país.
En Yacyretá pareciera misión imposible. No obstante, la esperanza no se desvanece.
Pero lo cierto es que esta ola moralizadora regional no vino para detenerse, sino para transparentar la gestión pública. Sería bueno que nuestros magistrados, en sintonía con los tiempos actuales, se despojen de sus actuaciones históricas y se animen a ponerse los pantalones largos.
juanantoniopozzo@gmail.com