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Luego de lo ocurrido en la década de los noventa, los paraguayos comprendemos muy bien (desafortunadamente) los significativos costos económicos y sociales que las crisis financieras generan. Estas se dieron por una rápida expansión del sector financiero en un marco de regulaciones poco sólidas y escasamente preventivas. Como consecuencia, alrededor de 1/3 de los bancos y 2/3 de las financieras fueron liquidadas. Tras estos eventos, el sistema legal para la supervisión bancaria y la intermediación financiera fue reformado de manera urgente y a las apuradas. Así, las actuales leyes fueron concebidas en esa coyuntura. El objeto primordial de las mismas era aliviar el devastador “efecto dominó” que provocaron las corridas bancarias durante aquellos días turbulentos.
Sin lugar a dudas, hoy podemos afirmar que el panorama ha cambiado sustancialmente. El sector bancario se ha triplicado: los créditos pasaron de representar el 14% del PIB en 1991 al 45% en 2014. En la actualidad, los bancos paraguayos se sitúan entre los más dinámicos y rentables de la región, emitiendo exitosamente bonos a largo plazo en los mercados internacionales. Este rápido crecimiento del sector no ha representado un riesgo, lo que se evidencia en bajas tasas de morosidad observadas y niveles de capitalización que se encuentran por encima de los estándares internacionales. Como consecuencia, durante la última crisis financiera mundial, las entidades financieras paraguayas se mantuvieron estables e, incluso, registraron una expansión del crédito.
No obstante, las crisis financieras son impredecibles, por lo que las autoridades debemos buscar permanentemente oportunidades para fortalecer la arquitectura legal del sistema. Por este motivo, el marco regulatorio de nuestro país ha sido objeto de un proceso de revisión periódica buscando implementar las más sanas prácticas de supervisión y regulación preventiva. Estas mejoras fueron destacadas en el programa de evaluación del sistema financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) realizado en forma conjunta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
En el 2005, la primera evaluación del FSAP concluyó que el grado de cumplimiento de nuestras normativas respecto a las mejores prácticas internacionales ascendía solamente al 16%. Sin embargo, con los cambios regulatorios introducidos, principalmente por el BCP, la segunda evaluación del 2010 concluyó que el país alcanzó un cumplimiento del 63%. Actualmente, se estima que con los recientes avances en la regulación, el grado de cumplimiento estaría en torno al 74%, muy por debajo de otros países de la región. Este porcentaje no está en línea con la realidad de un Paraguay serio, dinámico y predecible que nuestros números avalan.
Sin embargo, para alcanzar niveles óptimos de cumplimiento que ayuden a la estabilidad y al buen funcionamiento del sector financiero, se hace imprescindible modificar la legislación bancaria nacional. Actualmente, estas leyes son excesivamente rígidas y prescriptivas, e incluso determinan detalladamente límites cuantitativos, ponderaciones de riesgo y montos de multas. Esto obstaculiza un mayor progreso hacia una supervisión mucho más efectiva de los riesgos típicos del negocio bancario. Dificulta, asimismo, la implementación de medidas financieras contra-cíclicas que puedan prevenir la formación de “burbujas” en sectores de la economía o ayudar a otros que atraviesan dificultades transitorias. Por todos estos motivos, el BCP ha impulsado la modificación del marco legal que regula nuestro sistema financiero.
Las condiciones macroeconómicas favorables y un sistema financiero pujante, pero estable, proporcionan una oportunidad única e inmejorable para perfeccionar el esquema de regulación actual. Hoy el escenario es propicio para introducir, razonada y decididamente, las mejores prácticas que coadyuvarán a una mayor expansión de la industria y, al mismo tiempo, fortalecerán el rol regulador y supervisor del BCP. Para poder gestionar los riesgos en forma ágil y oportuna, las leyes deberían establecer únicamente principios y requisitos generales, dejando al supervisor la responsabilidad de normar los requerimientos técnicos específicos. Así lo recomiendan las mejores prácticas internacionales que son implementadas en los sistemas financieros más avanzados y modernos de la región.
La propuesta de modernización legal busca otorgar al BCP una mayor flexibilidad al momento de establecer lineamientos técnicos concretos que respondan al dinamismo de mercados financieros ágiles, exigentes y competitivos. Apunta además a establecer ratios de solvencia adecuados y proporcionales a los niveles de riesgo de cada entidad, fortalecer los requisitos de divulgación y transparencia e implementar sanas prácticas de gobierno corporativo. Una vez concretadas las modificaciones legales, Paraguay podría alcanzar un cumplimiento por encima del 90% de las recomendaciones del FSAP.
La economía paraguaya logró una de las mayores tasas de crecimiento en la región durante la última década. El sector financiero ha sido uno de los pilares fundamentales para conseguir dicho logro, canalizando el ahorro nacional hacia los sectores más productivos. La experiencia nos enseña que un sistema financiero robusto constituye un factor crucial para el uso eficiente de los escasos recursos económicos, estimulando el crecimiento de largo plazo. Con la modernización del marco regulatorio, el BCP podrá desarrollar la infraestructura necesaria para una adecuada intermediación financiera y, de esta manera, lograr tasas de crecimiento más elevadas y equitativas. La estabilidad macroeconómica y financiera actual hace que este momento sea más que propicio. Después de todo, nadie construye en días de lluvia.
(*) Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP)