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Realizó las purgas necesarias en las fuerzas públicas y las dotó de recursos para tenerlas comprometidas con su
proyecto. Otorgó cargos y dinero en el presupuesto para ciertos dirigentes políticos (operativo desarrollado en todos los partidos, con distintas intensidades según el momento. Hoy, la niña bonita es la ANR, el PLRA ya pasó a madama de cuarta y los otros partidos a pupilas de relleno). Prestó apoyo y contribución a ciertas ONG.
En el sector privado, lo de siempre: contratos y privilegios para las organizaciones “sociales” y para ciertos “empresarios”. La típica gobernabilidad antidemocrática.
Lugo y su equipo, una vez estabilizados en el Gobierno con pleno control sobre los recursos públicos, influencia en los demás poderes del Estado y las alianzas externas como mecanismo de reaseguro, desarrollan a plenitud -con un ritmo acelerado, ahora, a la luz pública- el plan para destruir el estado de derecho. Es que el sistema jurídico-político de nuestro país les obliga a relaciones de hecho (de facto) no de derecho.
La ley y las esporádicas reacciones de ciertos grupos que hacen una resistencia de hecho son los pequeños obstáculos que tienen que sortear para imponer la democracia participativa del socialismo del siglo XXI.
Muchos tramposos siguen pregonando que la “democracia participativa” está establecida en nuestra Constitución. Esto es verdad y a la vez una tremenda mentira.
La participación en nuestra Constitución es un mecanismo para perfeccionar la democracia representativa y fortalecer el estado de derecho, por eso dice que se realizará en el marco establecido en la Constitución y las leyes.
Para los marxistas del socialismo del siglo XXI, la democracia participativa es un sistema político para destruir el estado de derecho y reemplazar la democracia representativa. Su aspiración es que en un territorio el jefe de plaza designado por la gente que el mismo controla, tipo José Rodríguez, Eulalio López, Elvio Benítez, ejerza todos los poderes y funciones para garantizar la “soberanía territorial y alimentaria”. Este tipo de gente actúa igual que los delegados de Gobierno -autoridad sin límites, ni en los derechos humanos - de la época de Strossner. Hay una diferencia: los actuales operadores políticos entran y salen de Mburuvicha Róga y del Palacio de Gobierno como y cuando quieren; antes había cierto protocolo que cumplir.
Ñacunday y Victoriano López, el líder de los invasores, representan la mejor síntesis del plan y su ejecución para destrozar el estado de derecho desde el Gobierno.
1.- ¿Quiénes son los invasores liderados por Victoriano López? Son personas residentes en distintos puntos del país, dedicadas a diversas actividades, organizadas, trasladadas, asistidas y protegidas por el Gobierno a través de la Liga Nacional de Carperos (LNC) que tienen el objetivo de invadir propiedades para desalojar a sus propietarios y adjudicarse las mismas. La LNC es una entidad liderada por José Rodríguez, organizada bajo la dirección de Lugo para cumplir distintas misiones políticas y con el objetivo inmediato, según un comunicado oficial, de anular todos los títulos de propiedad.
La propiedad privada está garantizada en nuestra Constitución, artículo 109. Es decir, el Estado a través del Gobierno debe asegurar al propietario la posesión, el uso, el disfrute y la disposición del bien que es de su propiedad.
El mismo artículo dice que es inviolable y que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia Judicial. La ley, respondiendo al mandato constitucional, establece penas para quienes violan estas disposiciones. Por eso, el robo, la apropiación, la invasión, etc. son delitos. La Constitución también dice que toda persona es libre de asociarse con fines lícitos (art. 42). Sin embargo, le ley sanciona como delito cuando alguien se asocia para delinquir. Es decir, cuando el Gobierno organiza a la gente para atentar contra los derechos y garantías establecidos en la Constitución está subvirtiendo el orden público.
Próxima entrega: Ñacunday o el resumen de la subversión (2da.parte)
proyecto. Otorgó cargos y dinero en el presupuesto para ciertos dirigentes políticos (operativo desarrollado en todos los partidos, con distintas intensidades según el momento. Hoy, la niña bonita es la ANR, el PLRA ya pasó a madama de cuarta y los otros partidos a pupilas de relleno). Prestó apoyo y contribución a ciertas ONG.
En el sector privado, lo de siempre: contratos y privilegios para las organizaciones “sociales” y para ciertos “empresarios”. La típica gobernabilidad antidemocrática.
Lugo y su equipo, una vez estabilizados en el Gobierno con pleno control sobre los recursos públicos, influencia en los demás poderes del Estado y las alianzas externas como mecanismo de reaseguro, desarrollan a plenitud -con un ritmo acelerado, ahora, a la luz pública- el plan para destruir el estado de derecho. Es que el sistema jurídico-político de nuestro país les obliga a relaciones de hecho (de facto) no de derecho.
La ley y las esporádicas reacciones de ciertos grupos que hacen una resistencia de hecho son los pequeños obstáculos que tienen que sortear para imponer la democracia participativa del socialismo del siglo XXI.
Muchos tramposos siguen pregonando que la “democracia participativa” está establecida en nuestra Constitución. Esto es verdad y a la vez una tremenda mentira.
La participación en nuestra Constitución es un mecanismo para perfeccionar la democracia representativa y fortalecer el estado de derecho, por eso dice que se realizará en el marco establecido en la Constitución y las leyes.
Para los marxistas del socialismo del siglo XXI, la democracia participativa es un sistema político para destruir el estado de derecho y reemplazar la democracia representativa. Su aspiración es que en un territorio el jefe de plaza designado por la gente que el mismo controla, tipo José Rodríguez, Eulalio López, Elvio Benítez, ejerza todos los poderes y funciones para garantizar la “soberanía territorial y alimentaria”. Este tipo de gente actúa igual que los delegados de Gobierno -autoridad sin límites, ni en los derechos humanos - de la época de Strossner. Hay una diferencia: los actuales operadores políticos entran y salen de Mburuvicha Róga y del Palacio de Gobierno como y cuando quieren; antes había cierto protocolo que cumplir.
Ñacunday y Victoriano López, el líder de los invasores, representan la mejor síntesis del plan y su ejecución para destrozar el estado de derecho desde el Gobierno.
1.- ¿Quiénes son los invasores liderados por Victoriano López? Son personas residentes en distintos puntos del país, dedicadas a diversas actividades, organizadas, trasladadas, asistidas y protegidas por el Gobierno a través de la Liga Nacional de Carperos (LNC) que tienen el objetivo de invadir propiedades para desalojar a sus propietarios y adjudicarse las mismas. La LNC es una entidad liderada por José Rodríguez, organizada bajo la dirección de Lugo para cumplir distintas misiones políticas y con el objetivo inmediato, según un comunicado oficial, de anular todos los títulos de propiedad.
La propiedad privada está garantizada en nuestra Constitución, artículo 109. Es decir, el Estado a través del Gobierno debe asegurar al propietario la posesión, el uso, el disfrute y la disposición del bien que es de su propiedad.
El mismo artículo dice que es inviolable y que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia Judicial. La ley, respondiendo al mandato constitucional, establece penas para quienes violan estas disposiciones. Por eso, el robo, la apropiación, la invasión, etc. son delitos. La Constitución también dice que toda persona es libre de asociarse con fines lícitos (art. 42). Sin embargo, le ley sanciona como delito cuando alguien se asocia para delinquir. Es decir, cuando el Gobierno organiza a la gente para atentar contra los derechos y garantías establecidos en la Constitución está subvirtiendo el orden público.
Próxima entrega: Ñacunday o el resumen de la subversión (2da.parte)