Itaipú, 40 años de lucha

La dictadura militar brasileña consiguió, a través del Tratado de Itaipú, firmado hace 40 años, apropiarse de nuestra valiosísima energía hidroeléctrica a un valor fijo ajeno al precio de mercado. Se le reconoció al Paraguay una ínfima compensación por “ceder” su derecho de compra de la energía con exclusividad al Brasil igual a 0,3 US$/MWh, valor establecido arbitrariamente, sin ningún criterio conocido de cálculo. Al mismo tiempo, el Brasil consiguió manejar Itaipú Binacional a su entero arbitrio y endeudó al ente con su propia banca.

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Cuando se tuvo que pagar la deuda, según criterios del mismo Tratado, desde 1985 cuando comenzó a operar Itaipú, el Brasil se negó a hacerlo aduciendo problemas económicos. Se generó así una deuda espuria ilícita, contraria al Tratado, así considerada también por la Contraloría General de la República.

Desde un inicio el pueblo paraguayo luchó por recuperar su soberanía hidroeléctrica, puesta en duda por el Tratado de Itaipú. En 1986, aún bajo la dictadura stronista, denunciamos la fijación ilegal de una tarifa por debajo del costo para beneficio de grandes empresas eléctricas brasileñas. En la década de 1990 se generó un amplio movimiento por la transparencia y en contra de la deuda “espuria, incluyendo un exitoso “apagón voluntario” encabezado por Sitrande en 1998. En la campaña presidencial del 2008, reivindicamos la recuperación de la soberanía hidroeléctrica y conseguimos el voto mayoritario de la ciudadanía para implementar tal objetivo.

Con el triunfo de Fernando Lugo y la Alianza Patriótica para el Cambio, hemos formulado seis puntos de reivindicación al Brasil sobre Itaipú, en el marco de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH) que asesoró a la Cancillería Nacional en las negociaciones con el Brasil, que consistían en (1) recuperación de la soberanía hidroeléctrica, (2) precio justo por la energía, (3) eliminación de la deuda ilegítima, (4) cogestión plena, (5) transparencia y (6) terminación de obras faltantes.

Comenzaron las negociaciones, que no fueron fáciles, aunque manteniendo firme la defensa de los intereses nacionales se llegó al Acuerdo del 25 de julio del 2009, el que consiguió significativos avances –no un logro final aún– en todos y cada uno de los 6 puntos reivindicados.

Por primera vez, el Brasil aceptó que el Paraguay podrá vender su energía a terceros países desde el 2023, modificándose así claramente el Tratado de Itaipú en este aspecto fundamental. Al mismo tiempo, el Brasil se comprometió a que el Paraguay le pueda vender su energía excedente al mercado brasileño, a precio de mercado “a la brevedad posible” y, además, se triplicó el monto de la compensación por la cesión de la energía (240 millones US$/año más). Con relación a la deuda, el Brasil aceptó que la Contraloría General de la República del Paraguay audite la deuda, paso de indudable importancia, dada las posturas brasileñas anteriores que entendían que Itaipú no podía ser auditada por ningún ente nacional. Al mismo tiempo, el Brasil aceptó la “cogestión plena” y la transparencia. En cuanto a las obras faltantes, se decidió realizar el seccionamiento de las líneas de 500 kV del lado paraguayo que iban directamente al Brasil, lo que se concluyó recientemente y el Paraguay tiene, desde ahora, plena soberanía técnica sobre su energía. En forma adicional, el Brasil aceptó financiar sin costo para el Paraguay la línea de 500 kV imprescindible para el sistema eléctrico paraguayo (400 millones US$), la que se construyó en un tiempo récord de 4 años (la ANDE normalmente tarda entre 6 y 7 años para hacer una línea similar). Por último, el Brasil aceptó que se realicen las obras de navegación en Itaipú, como prevé el Tratado, y los estudios avanzados durante el gobierno de Fernando Lugo determinaron que la mejor opción son canales y esclusas por territorio paraguayo.

Hoy un experto internacional (el Sr. Sachs) opina igual que nosotros, que la deuda de Itaipú está suficientemente pagada. Es un reconocimiento para todos los que sostuvimos la misma posición con la ciudadanía y como gobierno, impulsando la auditoría que realizó la Contraloría, que también llegó a una similar conclusión.

Queda aún mucho por hacer. Tenemos que conseguir plena soberanía sobre nuestra energía, en un marco de integración energética, con lo cual ganaremos todos. Tenemos que conseguir un precio justo por nuestra energía que no podamos consumir y que, en parte al menos, seguiremos vendiéndole al Brasil, país que se comprometió en el 2009 a hacer posible este hecho “a la brevedad posible”.

Tenemos que conseguir que la deuda de Itaipú sea cero, como sostenemos que es así y de la misma forma lo sostienen la Contraloría y expertos internacionales; de esa forma, con la misma tarifa e Itaipú sin deuda, el Paraguay podría tener más de 1.000 millones US$/año de ingresos adicionales genuinos hoy. Finalmente, deben comenzar de inmediato las obras de navegación, canales y esclusas, por la margen derecha paraguaya a la mayor brevedad posible, con lo cual el Paraguay va a convertirse en un centro de transporte regional de gran envergadura.

Al mismo tiempo, lo que se consiguió de más desde el 2011 (240 millones US$/año) debe ser invertido en gastos de capital a favor directo del pueblo (electrificación rural, caminos rurales, escuelas y puestos de salud en regiones carenciadas, becas para estudiantes, capacitación para trabajadores, viviendas populares, etc., etc.) y del mismo sector eléctrico, de donde provienen estos fondos. El Estado debe devolver al pueblo lo que es del pueblo, como es la energía de Itaipú.

Y, lo más importante, nuestra energía hidroeléctrica debe utilizarse en la generación de empleos de calidad y en abundancia –no en verdaderas estafas como es Río Tinto Alcan– así como en el transporte eléctrico, en sustitución de los derivados de petróleo.

La lucha, comenzada hace 40 años, abarca varios aspectos, como se ve, y debe continuar, pues la más plena vigencia de nuestra soberanía hidroeléctrica será la base de nuestro desarrollo sustentable.

*Parlamentario del Mercosur y excoordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos.

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