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Actualmente, los responsables del Poder Ejecutivo y del Legislativo dedican a educación alrededor del 3,6% del PIB, la mitad de lo que debería dársele al sistema educativo nacional. Los técnicos en administración deben debatir si es conveniente dar el salto al 7% del PIB de una sola vez (como piensan algunos diputados) o hacerlo gradualmente y con rapidez en más de dos años. El sentido común hace pensar que duplicar de una sola vez el presupuesto es poco realista, porque no está claro que el Ministerio tenga capacidad de ejecutar semejante presupuesto precipitadamente en un año, teniendo en cuenta que hasta ahora los fondos destinados a cada ministerio deben ejecutarse en el plazo del año.
El principal tema a debatir es de dónde van a salir los fondos para financiar la educación con el 7% del PIB. Y aquí necesitamos un debate sincero y honesto. En la pasada audiencia pública del cinco de setiembre, sobre Políticas de Educación, también promovida por la misma Comisión de Diputados, un diputado adelantó su opinión diciendo que necesariamente hay que subir la carga de impuestos a la ciudadanía, argumentando que Paraguay es uno de los países con más bajos impuestos en la región.
No sé si la ciudadanía va a estar dispuesta a pagar más impuestos, aun reconociendo que estamos por debajo de la carga tributaria de otros países. Porque la ciudadanía sabe muy bien que el dinero que aporta a las arcas del Estado está pésimo e injustamente administrado.
La ciudadanía conoce, gracias a los medios de comunicación social y las redes sociales, que los legisladores y muchos políticos se reparten el dinero en miles de millones para operadores políticos de sus propios intereses y candidaturas, que miles de millones se regalan a los partidos políticos, sin que estos ni siquiera den cuenta de lo que reciben; que los mismos políticos instalados en el poder se adjudican sueldos, bonificaciones, dietas, combustibles, viajes para (digamos) “estudiar la menopausia”, en cantidades provocativas; que reparten salarios privilegiados a familiares y favorecidos; que algunos se rodean de asesores familiares sin que estos hayan cumplido siquiera veinte años y con sueldos envidiables.
La ciudadanía sabe que se roba descaradamente en la administración pública, con licitaciones amañadas, entregas de fondos sin ejecución de obras, sobrefacturaciones, etc. Es inútil continuar la lista de escándalos. Más dolorosos, cuando simultáneamente hay escuelas rancho, otras sin aulas, sin equipamiento básico, con infraestructura lamentable y en muchos casos, los padres de alumnos cooperan con millones y millones aportando muebles, construcciones, reparaciones, baños, etc.
Los legisladores saben que el Consejo Nacional de Educación Superior trabaja con presupuesto cero, que el Consejo Nacional de Educación y Cultura ha sido sucesivamente reducido en presupuesto sin poder realizar las obligaciones que le confiere la ley, que la Aneaes no recibe lo que necesita, etc. Y no hablemos de salud.
Si los ciudadanos vieran que su dinero se invierte para mejorar el país, para ofrecer lo mínimo vital en salud, para dar una educación de calidad y realmente gratuita, para mejorar calles y rutas, para extender servicio de agua potable a todos, para contar con redes cloacales, si vieran que las instituciones del Estado no tiran millones de litros de aguas cloacales a los ríos, que se controla el contrabando, que se garantiza la seguridad, etc..., los ciudadanos estarían dispuestos a dar con gusto más dinero pagando más impuestos.
Pero dar más dinero, ¿para qué? ¿Para que roben más? Cuando se inició la democracia el Estado gastaba el 7,8% del producto interno bruto (PIB). Ahora solo la administración central nos cuesta más del 48% del PIB. ¿Para qué? Financiar la educación, sí. Pero administren bien y devuelvan lo robado.
jmontero@conexion.com.py