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Es artificial porque en la gran mayoría de casos no existe necesidad alguna de un trámite en particular, o simplemente porque el precio público pagado en concepto de tasa carece de relación alguna con la prestación recibida, o en otros casos no recibida siquiera, que dice justificar la existencia de este tributo.
¿Qué ha sucedido? Con mucho tino el artículo 44 de la Constitución Nacional dispuso que toda creación tributaria debía estar dispuesta por Ley. La necesaria existencia de esta categoría de norma para el establecimiento de tributos venía a establecer marcos de previsión razonables en el tiempo en relación a los costos de ejercicio de una determinada profesión, costos para los actores de comercio, como la importación o exportación de productos. La ley concretamente ofrece mayor resistencia a los ánimos de imprevisión propios de los sujetos con detentación temporal del poder.
¿Cuál es el fenómeno antes señalado? Con la expansión rápida y exponencial del organigrama del Estado, y la creación de varias entidades autárquicas, autónomas, direcciones nacionales, secretarías y otros, estas se han atribuido la facultad de generar ingresos propios, creando, resolución administrativa mediante, o decretos en otros, tasas tributarias para las más diversas circunstancias que encarecen notablemente la actividad de ciertas actividades comerciales y que en la mayoría de ellas carece de fundamento alguno. En algunos casos difieren en la denominación que otorgan a estos ingresos tributarios, ya sea arancel, canon, tasas, contribuciones especiales, etc., todas ellas con un único fin: generar recursos propios para la autoridad administrativa, con la consecuente posibilidad de establecer la libre disponibilidad de su utilización en aumentos salariales, bonificaciones, combustibles, y un largo etcétera.
Estas autoridades administrativas han encontrado la veta para cargar al ciudadano con costos tributarios a través de un mecanismo altamente lesivo al sistema republicano, a través de decretos, a través de resoluciones administrativas, sin pasar por el procedimiento de formación y sanción de leyes que exige trámite legislativo ante el Congreso. El Poder Legislativo debe actuar inmediatamente revisando todas estas atribuciones extraordinarias que se arrogan los distintos presidentes o directores de entes o direcciones y poner orden en el sistema tributario paraguayo.
Desde el Centro de Importadores del Paraguay venimos alertando desde ya hace varios años sobre las desventajas competitivas que nos generan estas creaciones artificiales, sin fundamento alguno, frente a otros países mediterráneos y vecinos, como Bolivia por ejemplo. A saber, un importador boliviano paga en promedio 600 dólares menos que un importador paraguayo por el tráfico lícito de mercaderías. El comercio paraguayo se resiente, la economía del ciudadano de a pie se resiente.
El caos que están generando estas tasas que pululan en toda la administración pública es tal que en algunas instituciones ya se hablan de hasta más de 100 tasas de diferentes tipos. Los paraguayos y todos los que habitamos este país abonamos impuestos indirectos y directos que deben servir para sostener las rentas generales de la Administración, y alertamos a todos nuestros socios, y en particular al Gobierno que la multiplicación de estos tributos particulares sin respaldo de ley está produciendo un daño sustancial al comercio y los emprendimientos paraguayos.
Esas tasas artificiales que crecen y se multiplican sin orden ni control producen una anarquía que contradice la invitación a invertir en Paraguay, estableciendo un universo paralelo de cobros arbitrarios y falsean la noción de que el país tiene una baja y clara presión tributaria.
(*) Presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP)