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Con esta estratagema, que viola los términos del Anexo “C” del Tratado, la empresa binacional consigue hacerse de un lucro prohibido.
En efecto, con la venta de la energía garantizada se solventa el Costo Anual del Servicio de Electricidad y con la comercialización de la energía adicional a la garantizada se obtiene el dinero para los presuntos gastos sociales, que como es sabido ya están presupuestados en los Gastos de Explotación del Costo Anual del Servicio de Electricidad.
Siendo menester blanquear el lucro indebido, en el año 2005, sin aprobación parlamentaria, el presidente Nicanor Duarte Frutos, la canciller Leila Rachid y el embajador brasileño acreditado en Paraguay, en la Nota Reversal Nº 1, ratifica como componentes permanentes de la actividad de generación de energía las iniciativas de responsabilidad social y ambiental desarrolladas por la Itaipú Binacional.
Así se añadió a la misión de Itaipú tareas ambientales y de responsabilidad social no autorizadas.
En realidad se trataba de una singular excusa, envuelta en el gasto social, para administrar al margen de los organismos de control estatal los fondos ilegales provenientes de la comercialización de la energía adicional a la garantizada.
Políticamente, para los directivos de Itaipú, la irregularidad fue el triunfo que los empoderó para la asunción de responsabilidades más propias de un Estado que de una fábrica hidroeléctrica.
En ese afán, con rampante populismo, trepando sin escrúpulos, la entidad binacional construye viviendas sociales, reparte ambulancias y becas estudiantiles. De paso costea al oficialismo sus campañas políticas.
Con la complacencia interesada de los gobiernos de Brasil y Paraguay, quedó en evidencia la burda conspiración. Un acuerdo secreto en contra del Estado o el soberano. Una conjura orquestada para exprimir Itaipú.
El hecho no está lejos del descomunal escándalo de la Odebrecht que hoy le tiene en prisión preventiva a su expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y con las barbas en remojo a Alan García (1985-1990; 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011), Dilma Rousseff (2011-2016). La frondosa lista incluye al actual presidente brasileño, Miguel Temer (2016).
Es de esperarse, por el bien de los pueblos de Brasil y Paraguay, que los organismos de control estatal, particularmente la justicia paraguaya, se asocien a esta bocanada de aire fresco contra la impunidad.
juanantoniopozzo@gmail.com