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¿Qué hizo Juan Max Rejalaga para que Lugo lo removiera del cargo?
Abortó el feroz negociado que venían realizando en forma ilegal los amigos del presidente de la República, Fernando Lugo: la naviera argentina Fluviomar y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La fletera amiga del Presidente monopolizaba gran parte del transporte fluvial de combustibles a Petropar, moviendo para ella sola unos US$ 50 millones anuales. Su propietario Andrés René Guzmán, por "pura coincidencia", fue uno de los principales financistas de la campaña electoral del ex obispo en las elecciones presidenciales de 2008.
Rejalaga no solo es probo, sino también valiente, atributos que lamentablemente ya casi no existen en la administración pública. Se animó a hacer cumplir la ley y declaró ilegales las operaciones de flete que venía realizando PDVSA a Petropar, desde agosto de 2009, a través de la naviera del amigo del Presidente de la República. Otra empresa afín al Gobierno que fue "molestada" por Contrataciones es la venezolana de Hugo Chávez.
El disparador del enojo presidencial fue aquella recordada Resolución Nº 480/10, del 24 de marzo último, que emitió Contrataciones Públicas, por la cual anuló el contrato de flete firmado en secreto entre Petropar y PDVSA, y que fue publicada por nuestro diario en febrero último. La institución a su cargo investigó de oficio los documentos difundidos por ABC y, efectivamente, encontró que la operación de flete en la modalidad DES (combustible puesto en Villa Elisa) realizada entre Fluviomar y PDVSA era ilegal, porque el servicio fluvial no se encontraba incluido en el Acuerdo Energético de Caracas, por lo que necesariamente debía estar sujeto a una licitación pública. Rejalaga no titubeó en afirmar que Petropar violó la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, al no licitar el servicio de transporte fluvial en el tramo comprendido entre el Río de la Plata y el puerto de Petropar en Villa Elisa, en el negocio que generó nuevos millonarios en el gobierno de turno. Contrataciones Públicas echó por tierra todas las mentiras que Petropar sostenía para defender el negociado que mueve más de US$ 550 millones por año, entre la provisión de combustibles y el flete incluido, de los cuales se beneficiaban directamente PDVSA y la naviera amiga.
Las múltiples presiones ejercidas por este gobierno para que Rejalaga cambiara su postura sobre la anulación de la operación entre Petropar- PDVSA-Fluviomar tampoco funcionaron. La estatal paraguaya hasta amenazó que lo denunciaría ante el Jefe de Estado. Luego, la petrolera "alarmó" falsamente al país con un "cháke, nos quedaremos sin gasoíl" si Contrataciones no modificaba su resolución. De todo hicieron, pero Rejalaga siguió firme.
El claro mensaje del gobierno
El presidente Lugo trató de "disimular" casi durante dos meses desde que Rejalaga emitió la resolución que afectó a sus amigos, pero no aguantó más y ayer lo desplazó del cargo. Habrá dicho que no podía quedar en evidencia tan flagrantemente, por lo que decidió esperar casi 60 días para sacarlo. Sin embargo, su torpeza no tiene límites e igual demostró que su gobierno protege los negociados que involucran a los amigos, tal cual ocurrió en la era colorada.
Dejó en claro a los demás funcionarios que intentan ser valientes como Rejalaga, que "a los amigos no se les toca".
Asquea el olor a corrupción. Asquea este gobierno.
nsanchez@abc.com.py
Abortó el feroz negociado que venían realizando en forma ilegal los amigos del presidente de la República, Fernando Lugo: la naviera argentina Fluviomar y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La fletera amiga del Presidente monopolizaba gran parte del transporte fluvial de combustibles a Petropar, moviendo para ella sola unos US$ 50 millones anuales. Su propietario Andrés René Guzmán, por "pura coincidencia", fue uno de los principales financistas de la campaña electoral del ex obispo en las elecciones presidenciales de 2008.
Rejalaga no solo es probo, sino también valiente, atributos que lamentablemente ya casi no existen en la administración pública. Se animó a hacer cumplir la ley y declaró ilegales las operaciones de flete que venía realizando PDVSA a Petropar, desde agosto de 2009, a través de la naviera del amigo del Presidente de la República. Otra empresa afín al Gobierno que fue "molestada" por Contrataciones es la venezolana de Hugo Chávez.
El disparador del enojo presidencial fue aquella recordada Resolución Nº 480/10, del 24 de marzo último, que emitió Contrataciones Públicas, por la cual anuló el contrato de flete firmado en secreto entre Petropar y PDVSA, y que fue publicada por nuestro diario en febrero último. La institución a su cargo investigó de oficio los documentos difundidos por ABC y, efectivamente, encontró que la operación de flete en la modalidad DES (combustible puesto en Villa Elisa) realizada entre Fluviomar y PDVSA era ilegal, porque el servicio fluvial no se encontraba incluido en el Acuerdo Energético de Caracas, por lo que necesariamente debía estar sujeto a una licitación pública. Rejalaga no titubeó en afirmar que Petropar violó la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, al no licitar el servicio de transporte fluvial en el tramo comprendido entre el Río de la Plata y el puerto de Petropar en Villa Elisa, en el negocio que generó nuevos millonarios en el gobierno de turno. Contrataciones Públicas echó por tierra todas las mentiras que Petropar sostenía para defender el negociado que mueve más de US$ 550 millones por año, entre la provisión de combustibles y el flete incluido, de los cuales se beneficiaban directamente PDVSA y la naviera amiga.
Las múltiples presiones ejercidas por este gobierno para que Rejalaga cambiara su postura sobre la anulación de la operación entre Petropar- PDVSA-Fluviomar tampoco funcionaron. La estatal paraguaya hasta amenazó que lo denunciaría ante el Jefe de Estado. Luego, la petrolera "alarmó" falsamente al país con un "cháke, nos quedaremos sin gasoíl" si Contrataciones no modificaba su resolución. De todo hicieron, pero Rejalaga siguió firme.
El claro mensaje del gobierno
El presidente Lugo trató de "disimular" casi durante dos meses desde que Rejalaga emitió la resolución que afectó a sus amigos, pero no aguantó más y ayer lo desplazó del cargo. Habrá dicho que no podía quedar en evidencia tan flagrantemente, por lo que decidió esperar casi 60 días para sacarlo. Sin embargo, su torpeza no tiene límites e igual demostró que su gobierno protege los negociados que involucran a los amigos, tal cual ocurrió en la era colorada.
Dejó en claro a los demás funcionarios que intentan ser valientes como Rejalaga, que "a los amigos no se les toca".
Asquea el olor a corrupción. Asquea este gobierno.
nsanchez@abc.com.py